La idea es que estos hombres hagan parte de los esquemas de seguridad de los comandantes de esa organización. El pasado 23 de febrero el Gobierno expidió un paquete de seis decretos que ponen en marcha la implementación de la Comisión Nacional de Garantías, acuerdo que hicieron el Gobierno y las Farc en Cuba.
Uno de esos decretos habla de la modificación de la planta de la Unidad Nacional de Protección para “crear un cuerpo de seguridad y protección, de naturaleza mixta, integrado por personal de confianza del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de la FARC-EP a la actividad legal”.
Por esa razón se crearon varios puestos de planta en esa Unidad dentro de los cuales hay espacio para 1.2000 desmovilizados de las FARC en el cargo de Agente Escolta con una asignación económica mensual de ($1.825.843) más “los derechos salariales y prestacionales contemplados por la legislación”.
Estos hombres que ingresarán a la UNP deberán superar una etapa de formación y entrenamiento en protección especializada. Adicional a esto se hará un estudio de seguridad a los integrantes de las FARC para determinar el número de escoltas que tendrá su esquema.
Precisamente esa protección tendrá una composición mixta, es decir con presencia de la policía, integrantes de la UNP y los desmovilizados que se capaciten para este fin. Los guerrilleros podrían ingresar a reforzar esquemas de líderes sociales.
Esto hace parte del desarrollo normativo de lo acordado en La Habana y la UNP tendrá la facilidad De contratar al personal necesario para garantizar el proceso de reinserción de las FARC. Precisamente el director de la Unidad, Diego Mora, aseguró que este lunes explicará a fondo cómo será el ingreso de los guerrilleros a su entidad.
Uribismo califica de “absurda” la contratación de guerrilleros en la UNP
Indican que no tiene lógica hacer un proceso de dejación de armas para que el Estado les vuelva a entregar armamento sin un proceso de resocialización.
En el uribismo no cayeron bien los decretos que expidió el Gobierno para ampliar el número de funcionarios de planta de la Unidad Nacional de Protección para recibir a 1.200 desmovilizados de las FARC.
Aseguran que finalmente resultó ser cierto lo que dijeron en campaña sobre el pago de 1.800.000 pesos a integrantes de las FARC y que es ilógico entregar armas del Estado a quienes no han estado en un proceso de resocialización.
El representante a la Cámara, Samuel Hoyos explicó que desde un principio se advirtió sobre esa contratación y que aunque los desmovilizados merecen oportunidades, la mejor no es armándolos de nuevo.
“Unas personas que en teoría deben dejar las armas, es ilógico que el Estado los rearme. Ahora serán guerrilleros armados por cuenta del Gobierno”.
Entre tanto, la senadora María del Rosario Guerra señaló que muchos exagentes del DAS no fueron reubicados en la UNP por falta de recursos y que la contratación con las FARC será millonaria.
“Si lo que queremos es que se reincorporen no debemos meterlos a una actividad en donde van a seguir con armas, eso es ilógico”.
El senador José Obdulio Gaviria, dijo que en parte con esa contratación se estaría engañando a los colombianos ya que el 18% de las FARC volverían a estar armadas y que eso podría generar un problema en el país.
