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La Supersalud no cuenta con capacidad para intervenir Sanitas, ni Nueva EPS

Caracol Radio conoció un informe de la Contraloría y testimonios de funcionarios que advierten que la Superintendencia de Salud no contaría con la infraestructura, ni con los recursos para asumir la administración de Sanitas, ni de la Nueva EPS a pesar de que sustenta la intervención en hallazgos del ente de control.

La información obtenida advierte que nunca una EPS intervenida ha sido retornada a sus dueños y por el contrario, los indicadores de estas entidades terminan a la baja, afectando la prestación del servicio a los usuarios, así como lleva a la inminente pérdida de recursos del sistema de salud. 

La función de advertencia a la Supersalud por deficiencias en EPS en vigilancia, Intervenidas o en liquidación 

El documento de 20 páginas conocido por Caracol Radio, se envió en su momento al Superintendente de Salud, Ulahi Dan Beltran, con copia al presidente, Gustavo Petro, con una Función de Advertencia por las irregularidades en las acciones de vigilancia y control de la entidad y advierte sobre la inminente pérdida de recursos públicos del Sistema de Salud, entre otros, debido a la deficiente gestión que se realiza en las EPS que están vigiladas, intervenidas o en liquidación. 

En el documento se advierte que dadas las deficiencias observadas en el seguimiento permanente y la auditoría de cumplimiento a la Supersalud, se considera que hay inefectividad en las acciones sancionatorias y en las medidas de inspección vigilancia y control para que las EPS, incluso las que están en intervención, cumplan con las normas vigentes y saneen sus carteras, “lo que perpetúa el problema en el tiempo y genera desgaste administrativo sin una solución clara a la vista”. 

La Contraloría detectó que las EPS que están con vigilancia especial, intervenidas, o en proceso de corren el riesgo de no cancelar sus deudas con los prestadores, ya que a menudo terminan en procesos de liquidación, lo que implica una posible pérdida de los recursos comprometidos en estas carteras. 

Es el caso de las EPS AMBUQ, MEDIMAS, COOMEVA y COMPARTA, entidades en proceso de liquidación, que firmaron compromisos de pago por más de $137.000 millones de pesos con un cumplimiento del 26% al momento de la visita y con saldos pendientes de pago por más de $100.000 millones de pesos a octubre de 2022, “con un riesgo inminente de no pago”. 

Alerta además que a pesar de las sanciones impuestas, las conductas indebidas frente al flujo de recursos “continúan siendo reiterativas”, lo que demuestra que las acciones sancionatorias no están corrigiendo los incumplimientos, lo que conlleva un riesgo financiero para las IPS y a su vez “afecta la calidad de la atención a los afiliados”. 

Las EPS intervenidas por la SuperSalud siguen presentando deudas y deficiencias en la prestación del servicio 

Caracol Radio conoció otro documento que sustenta las deficiencias en las intervenciones de las EPS. El informe del seguimiento de 81 páginas de la Contraloría sustenta esta función de advertencia y demuestra que las EPS sancionadas o intervenidas por la SuperSalud siguen presentando deficiencias, pese a que están administradas por agentes de la entidad. 

Se observa una discrepancia en las cifras reportadas por las aseguradoras y los prestadores en los sistemas de información, “lo cual dificulta establecer el valor real de la cartera de las EPS en medidas de vigilancia especial”. 

Además, al menos a junio de 2022, 7 de las 12 entidades con medidas preventivas y en intervención forzosa administrativa para administrar por parte de la Supersalud no mostraron disminución en los saldos de la cartera en comparación con el semestre anterior. Esto indica que, a pesar de la vigilancia especial, no se evidencia mejora en el flujo de recursos o recuperación financiera de las entidades vigiladas. 

Demuestra la Contraloría que el proceso liquidatorio de las EPS interviene en el flujo de recursos, “ya que se paraliza mientras se surten las etapas de dicho proceso”. Además hay una afectación sobre el sistema de salud, dado que las aseguradoras en liquidación “reconocen porcentajes muy bajos de la cartera adeudada a los prestadores, lo que genera la materialización del riesgo de pérdida de los recursos comprometidos”. 

Pese a las multas hay reiteración de las conductas de las EPS 

Se evidencia entidades multadas reiterativamente por incumplimientos legales en el flujo de recursos que incluyen a EPS en vigilancia, intervención o liquidación como Emdisalud, Comparta, Medimas, Procardio, Saludvida, Mallamas, Coodsalud, Caja de compensación de Nariño y Caja de compensación Confacundi, entre otras. 

Dice el informe de la Contraloría que a pesar de las sanciones impuestas y los procesos en curso, se observa una falta de acción efectiva de control por parte de la SNS para evitar la conducta reincidente de las EPS en los pagos a los prestadores, lo que implica un riesgo inminente de pérdida de recursos en el sistema de salud. 

Cuestionamientos sobre la capacidad de la Supersalud para asumir Sanitas y Nueva EPS 

Caracol Radio habló con funcionarios que realizaron el proceso de seguimiento a la Superintendencia de Salud. Advierten que lo evidenciado en las visitas demostraría que la Superintendencia de Salud no cuenta “ni con la infraestructura, ni con la suficiencia administrativa necesaria para asumir la administración de EPS tan grandes como Sanitas o la Nueva EPS”. 

Alertas sobre la crisis que existe y que se podría acentuar y confirman que nunca una intervenida ha sido retornada a sus dueños, “por el contrario siempre los indicadores van a la baja y la prestación del servicio se ve reducida y desmejorada exponencialmente”. 

En las pruebas de recorrido que se hacen a las instalaciones, el equipo auditor ha evidenciado según los testimonios, que la Supersalud no tendría el personal suficiente, ni la capacidad operativa para gestionar la administración de las entidades que se vienen interviniendo, lo que pondría en riesgo el aseguramiento en salud para cerca de 17 millones de usuarios. 

Finalmente, el informe resalta la necesidad de mejorar la efectividad de las acciones de control y vigilancia, para garantizar el flujo adecuado de recursos en el sistema de salud y prevenir pérdidas financieras y afectaciones en la calidad de la atención a los afiliados.

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