La Sala de Casación Penal de la Corte concluyó que Luis Alfredo Ramos «recibió apoyos por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia entre los años 2001 y 2007, no sólo para promover su existencia, sino para impulsar sus campañas electorales al Senado y a la Gobernación de Antioquia».
Según el expediente, ya cuando era senador, durante los primeros meses de 2005, se reunió en la Finca Bellanita del municipio de Bello con diversos jefes paramilitares, como alias Ernesto Báez, que transmitieron el mensaje de Vicente Castaño: sobre la colaboración con las gestiones de Ramos en el Congreso para que la Ley de Justicia y Paz se expidiera acorde a sus intereses.
En específico recibió apoyos de los Bloques Centauro, Metro y del Cartel de la Gasolina, quienes, por la gestión de Ramos, obtuvieron un estatus político y se les aseguró la impunidad en una multiplicidad de crímenes y hechos de violencia que caracterizaron a ese grupo armado.
Así como dinero por parte de Juan Carlos Sierra Ramírez, ‘alias El Tuso’ y de los hermanos Castaño Gil, con quienes se afirma la existencia de contactos y apoyo económico de Miguel Arroyave.
Es así que la Sala dejó en firme la decisión de primera instancia en octubre del año pasado: condenar a Luis Alfredo Ramos a ocho años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado con el fin de promover grupos armados ilegales y la inhabilidad de por vida para ejercer cargos públicos.
«No se trató en este proceso, desde luego, de cuestionar las relaciones sociales o políticas del procesado, que por sí mismas no denotarían una situación objetiva de peligro para la seguridad, sino de la manera en que se articuló con un grupo armado al margen de la ley para alcanzar propósitos electorales, lo cual si connota una situación objetiva de peligro demostrada, como ya se dijo, a través de los diversos contactos examinados, especialmente durante los años 2001 a 2007», concluyó la Sala.
