Las primeras sanciones de 8 años de medidas restaurativas impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a siete exintegrantes del último secretariado de las FARC, por los 21.000 casos de secuestro, han generado reacciones encontradas entre las víctimas.
Si bien algunas expresan la esperanza de que estas sanciones contribuyan a la reparación y no repetición, otras manifiestan inconformismo y críticas al considerar que no se está haciendo justicia plenamente.
Oscar Tulio Liscano González, secuestrado por las FARC en 2001, considera importante la decisión, pero señala que la sanción debería ser más severa. Espera que los exguerrilleros contribuyan a esclarecer dudas sobre la relación política de los secuestros e insiste en la necesidad de seguir buscando a los desaparecidos.
“El perdón no exime la necesidad de que se haga justicia”
“Diría que hubiera sido más severa en el sentido de que contribuyan ciertamente a aclarar algunas dudas que nosotros todavía tenemos, ver qué relación política tenía esos secuestros que nosotros padecimos (…) algunos perdonamos y decidimos el perdón, pero una cosa es el perdón y otra cosa es que se haga justicia”.
“En esta sentencia no se obliga por parte de la JEP a esos criminales a entregar a los desaparecidos”
El General (r) de la Policía, Luis Herlindo Mendieta Ovalle, secuestrado en la Toma de Mitú en 1998, dice que las sanciones impuestas no satisfacen completamente las expectativas de reparación y verdad. Cuestiona que la sanción no obliga a los criminales a entregar a los desaparecidos.
“En este momento pues con sorpresa porque nuevamente se imponen los 8 años, pero únicamente los obligan a esas sanciones propias que ellos mismos diseñaron (…) aquí hay una impunidad total, la sentencia de hoy, diríamos que produce un sufrimiento adicional a esa cantidad de víctimas, allí muchos estaban reclamando únicamente la entrega de su ser querido que fue secuestrado y desaparecido, a muchos no le interesaba la reparación sino únicamente esa entrega y hoy con esta sentencia pues no se obliga por parte de la JEP a esos criminales a entregar a esas personas”.
