Con un comunicado, la cancillería de Venezuela anunció la suspensión inmediata de las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país. En el documento se exponen dos argumentos para sustentar la decisión de expulsar a los miembros de la oposición:
“Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”.
La Oficina “ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía”.
Bajo estas razones, el gobierno venezolano “solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas” y exigen que se rectifique públicamente ante la comunidad internacional “su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas”.
La Cancillería asegura que la Oficina ha aumentado sus ataques contra Venezuela y “resulta muy activa para falsear hechos y precalificar situaciones en relación con Venezuela, solo para agredir la soberanía y autodeterminación del país con mentiras, falsificaciones, desinformaciones y manipulaciones”.
Para el chavismo, el actuar de esta Oficina “no solo vulnera la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, sino, además, incumple flagrantemente las obligaciones contenidas en la Carta de Entendimiento suscrita con Venezuela”.
En el documento, el gobierno de Nicolás Maduro pide a la Oficina de Naciones Unidas que retome “el respeto por la legalidad internacional, al tiempo que reitera su voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos”.
