La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una amnistía general para los presos políticos encarcelados en el país. Según adelanta El País América, Delcy pidió llevar este proyecto “a la Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela”.
En el anuncio, que ocurre casi un mes después del inicio de liberaciones parciales y en un acto del Tribunal Superior de Justicia, Rodriguez pidió “a todos que nadie imponga la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto”.
Rodríguez agregó que la decisión fue “hablada con Nicolás Maduro”.
El contenido de la normativa
La futura ley establece que se borran las causas judiciales de los presos políticos y cierra procesos que, según organizaciones de derechos humanos, han sido utilizados durante años como herramienta de presión contra opositores y activistas.
Hasta ahora, las excarcelaciones se han producido lentamente y sin transparencia: aunque el chavismo habla de más de 600 liberados, las ONG reducen la cifra a algo más de 300. Además, la mayoría continúan sometidos a medidas cautelares y restricciones de movimiento.
Rodríguez detalló que la amnistía excluirá delitos de homicidio, narcotráfico y delitos comunes, una condición que mantiene el foco en los presos por motivos políticos y no en otros casos que han sido mezclados en procesos anteriores.
302 liberaciones las últimas tres semanas
La ONG Foro Penal informó que ha confirmado en Venezuela la excarcelación de 302 presos políticos desde el pasado 8 de enero, cuando se anunció la liberación de un “número importante” de personas, pocos días después del ataque de Estados Unidos en el país suramericano, que terminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.
Varias ONG aclararon que los presos políticos han sido excarcelados, pero no cuentan con una liberación plena, ya que se les otorgaron medidas sustitutivas a la privativa de libertad.
Excarcelados denuncian haber estado en campos de concentración
Las prisiones en Venezuela “no son cárceles, son campos de concentración”, asegura el peruano Marco Antonio Madrid, que hace dos semanas fue liberado de un encierro de más de un año con “golpes, maltratos y vejaciones” que le hacían pensar que cualquier día iba a ser el último de su vida.
Madrid, que es parte de los centenares de detenidos excarcelados por el chavismo tras la captura de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro, rechaza en una entrevista con EFE la denominación de preso político y se declara junto a los otros extranjeros privados de libertad “secuestrado por la organización criminal que rige Venezuela” frente a las presiones internacionales recibidas.
Este peruano que ha vivido parte de su vida en España se instaló en Valencia (Venezuela) con su esposa venezolana a inicios de 2024 para desarrollar un ‘call center’ (centro de llamadas), pero antes de la Navidad la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) lo visitó para que acudiese a reconocer al español Ernesto Gorbe, compañero suyo de trabajo detenido días antes.
“Yo les acompañé voluntariamente y ahí empezó todo. Me pidieron mis documentos y me realizaron una cantidad de preguntas. Ahí descubren que todos mis documentos están legales y que no existía ningún motivo para detenerme, pero me quitan mis pertenencias y me secuestran. Me llevaron a un calabozo”, relata Madrid.
De ahí, fue llevado a Caracas, a “un sótano donde tienen a la gente durmiendo en el suelo con la misma ropa con la que llegan, sin luz del día y el agua para bañarte completamente gélida”.
