Desde la Curul de Paz del departamento de Arauca, y atendiendo la urgencia del caso, solicito se suspenda de inmediato el proceso de cierre del Punto de Atención de Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, así como la adopción de medidas para proteger el derecho al funcionamiento adecuado, eficiente y oportuno del servicio de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado.
El 27 de junio de 2024, Judith Maldonado Mujica, directora de la Territorial Norte de Santander – Arauca, informó, mediante reunión virtual, que se cerrará el Punto de Atención en el municipio de Puerto Rondón, a partir del 7 de julio de 2024, esto debido al incumplimiento de metas.
No se entiende cómo a poco más de un año de abrir el Punto de Atención en Puerto Rondón, este se cierre argumentando falta de cumplimiento en las metas. Esto evidencia una desconexión de la Unidad, con las políticas de protección a las víctimas que promulga el señor presidente de la República, y peor aún, deja a la luz la profunda improvisación de la Regional al abrir o cerrar el punto en mención.
Es importante resaltar que en el municipio se registran 20 confinamientos y dos desplazamientos masivos. Puerto Rondón tiene aproximadamente 5 000 habitantes, en su mayoría rurales, y más del 50% son víctimas del conflicto armado, de los que da cuenta la Personería Municipal y la Defensoría del Pueblo. No se entiende cómo la UARIV, ante el panorama tan desalentador de la población, en lugar de brindar apoyo termina dejándolos abandonados. La delicada situación de confinamiento y las difíciles condiciones de desplazamiento impiden que los pobladores rurales puedan dirigirse al casco urbano para adelantar tramites o solicitudes ante la UARIV, además, cerca del 90% de las veredas no tienen cobertura o acceso a internet lo que impide el uso de los canales virtuales de atención.
Hay que tener en cuenta que el municipio tiene presencia la comunidad indígena del pueblo Hitnu, quienes cuentan con protección constitucional y son reconocidos como víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento.
El cierre del Punto de Atención vulnera el derecho al servicio adecuado y eficiente de atención a víctimas, y contraviene el Decreto 1084 de 2015, que requiere que los municipios cuenten con un PAV (Punto de Atención a Víctimas).
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, en cumplimiento de sus funciones, debe garantizar la permanencia del Punto de Atención en Puerto Rondón, brindando a la comunidad la posibilidad de contar con las herramientas necesarias para la reparación integral y la protección de sus derechos luego de décadas de sufrir el abandono y olvido por parte de los gobiernos de turno.
