Como último acto oficial al frente de la cartera, el saliente Ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre Lynett presentará este lunes 27 de octubre ante la Comisión Asesora de Política Criminal, el Proyecto de Ley Estatutaria “Por medio del cual se crea la Guardia de Inteligencia contra el Crimen Organizado y se dictan otras disposiciones”.
Se trataría de una dependencia especializada adscrita a la Fiscalía General de la Nación que ejercerá funciones de investigación con enfoque estratégico y preventivo en la lucha contra el crimen organizado y narcotráfico.
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“La Guardia podría interceptar correos electrónicos, WhatsApp, teléfonos y acceder a todas las bases de datos del país. Actuaría preventivamente para evitar acciones del crimen organizado con un control estricto de los jueces a fin de evitar excesos y arbitrariedades. La Guardia podría realizar actividades de inteligencia financiera para desmantelar redes y localizar bienes de la mafia. Se recogen experiencias de otros países como Inglaterra, Italia y Portugal. Será una respuesta fuerte a las estructuras criminales del país con capacidad de tener interlocución con agencias de inteligencia del mundo entero. Es una verdadera innovación en la lucha contra el crimen organizado porque puede actuar preventivamente a fin de evitar conductas desestabilizadoras para la seguridad ciudadana”, explicó Montealegre.
El proyecto también introduce mecanismos reforzados de transparencia, control y vigilancia democrática sobre las actividades de inteligencia en cabeza de la Guardia, “en consonancia con los estándares internacionales y con las obligaciones derivadas de la sentencia “Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo vs. Colombia” (CAJAR), proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2023, la cual exige al Estado colombiano fortalecer los controles, la regulación y la supervisión civil sobre las actividades de los organismos de inteligencia, así como la sujeción estricta de estas últimas a los principios de legalidad y proporcionalidad».
La Comisión será la encargada de iniciar el estudio técnico y jurídico de la iniciativa, con el propósito de impulsar su trámite legislativo ante el Congreso de la República.
