El gremio de las plataformas de movilidad está en máxima alerta por un proyecto de ley que cambia el régimen sancionatorio de transporte ya que advierte que esto acabaría con las plataformas de movilidad y les impondría inmovilizaciones de hasta por 120 días y multas por $ 4,7 millones.
Camilo Segura, director de comunicaciones para asuntos corporativos de la región Andina, Centroamérica y el Caribe de Uber, se pronunció en 6 AM W sobre este asunto y afirmó que esto lo que hace “es dinamitar lo que se ha avanzado en más de una década”.
De hecho, afirmó que está “criminalizando esta actividad”, poniendo en riesgo los ingresos de más de 200.000 familias.
Segura aseveró que hoy en día esta no es una actividad regulada, pero con este proyecto “lo convierten en algo ilegal” para más de un millón de cuentas que están inscritas en estas plataformas.
Incluso, el experto alerta que que los avances tecnológicos que ya gozan los conductores de taxi, los arrendadores de moto y de vehículos particulares, se acaban y volveríamos “al régimen de yo para allá no voy, el régimen de la inseguridad, del paseo millonario en el día a día”.
Volveríamos “al régimen de yo para allá no voy, el régimen de la inseguridad, del paseo millonario en el día a día
El asombro es aún mayor pues él advierte que no fueron consultados para la construcción de este importante proyecto. “Nos toman por sorpresa y es algo que no tiene comparación en el continente y que esperamos que el gobierno retire y que por favor dialogue con los involucrados, pero sobre todo que tengan en consideración a usuarios y arrendadores”.
¿Multarían a usuarios?
El vocero de la plataforma alerta que esto también iría en contra de millones de usuarios porque las multas no las pone solamente a quien está conduciendo.
“Las multas las pone a quien usa la tecnología para moverse, para enviar algún encargo a un familiar. Quien utilice una aplicación de movilidad entraría a ser sancionado, incluso con multas que exceden los tres salarios mínimos o incluso con inmovilizaciones”, afirmó.
Eso no es todo, según el funcionario, si el proyecto sale adelante multarían a administradores de edificios, hoteles y centros comerciales si permiten el acceso al servicio.
“Este tipo de medidas no las habíamos visto en Latinoamérica, no fueron consultas con la industria, no tuvieron presentes las realidades que ya tenemos en el mercado”, aseveróSegura.
“Califica la actividad como riesgo de orden público”: Alianza In
Alianza In, gremio de todas las plataformas digitales de movilidad, se pronunció sobre este asunto y afirmó que el “proyecto incluso califica esta actividad como un riesgo para el orden público, ordena a la Policía prioriza su persecución, traslada responsabilidades sancionatorias a las propiedades horizontales que permitan o faciliten la oferta, el estacionamiento o la prestación de los servicios, con multas de hasta $726 millones”.
