Según sus investigaciones, 24 funcionarios y contratistas del Gobierno Nacional habrían obtenido diplomas de forma ilegal y hoy trabajan en 16 entidades, entre ellas el Departamento de la Presidencia (DAPRE) y en el Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA).
Caso 1:
Juliana Guerrero, el más sonado del escándalo, con su título bajo cuestionamiento. Cuando el Gobierno publicó su hoja de vida para asumir como viceministra de las Juventudes, cargo al que finalmente desistió tras revelarse, por investigaciones de la congresista Jennifer Pedraza.
Caso 2:
Contratista de la DIAN con cuatro títulos con la misma fecha de grado y sólo una prueba Saber Pro registrada.
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Caso 3:
Contratista del SENA Boyacá, con título en 2023 y contratos por más de 81 millones de pesos.
Caso 4:
Contratista, obtuvo el título de “administración de empresas” con fecha de grado el 1 de diciembre de 2022. Ha sido contratista de la UNP entre 2024 y 2025 con dos contratos que suman 79 millones de pesos aproximadamente. Para acceder a ambos contratos era requisito contar con un título profesional.
Caso 5:
Contratista que obtuvo los títulos de tecnólogo en Marketing digital y los títulos profesionales de “ingeniería industrial” y “marketing internacional” el 12 de diciembre de 2021, no cuenta con Prueba Saber Pro.
Los contratos adjudicados entre 2023 y 2025 le costaron al país más de mil millones de pesos.
