Ante la controversia que causó la decisión del presidente Gustavo Petro de firmar el decreto que suspende las operaciones militares ofensivas y especiales de policía en contra de los integrantes del Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio ‘Comandante Gentil Duarte’, ‘Comandante Jorge Suárez Briceño’ y el Frente ‘Raúl Reyes Farc-EP’, el mismo mandatario hizo unas claridades en su cuenta de X.
“Las mal llamadas disidencias estan divididas. Los frentes que quieren dialogar y lo frentes que sabotean la paz. A estos úlltimos les hemos propinado serias derrotas. Sus frentes en la Amazonía están siendo desmantelados y alias ‘Ivan Mordisco’ huye; los frentes saboteadores de la paz, en el Cauca, han perdido su principal zona económica: el Micay, por eso pasan al terrorismo poniendo bombas a la población civil en La Plata. La ofensiva contra el ELN se extiende por las autoridades venezolanas en su país, a quienes agradezco, y en nuestro país”, comenzó adelantando el mandatario.
Explicó el jefe de Estado que este acuerdo es con las disidencias que lidera alias ‘Calarcá‘, advirtiendo que “los frentes que dialogan tienen hasta el 18 de Mayo para acordar zonas de concentración y territorios de paz, con conpes pactados con la población civil para el desarrollo humano en dichos territorios y entrar a un proceso de paz avanzado”. Añadió que “lo mismo sucede con los frentes de ‘Comandos de la frontera’, ‘Comuneros del sur’, provenientes del ELN en Nariño, y la ‘Coordinadora guerrillera’ que ya han establecido zonas de concentración y territorios de paz”.
Petro recordó que actualmente se están llevando a cabo también “procesos similares con bandas como en Itaguí para toda Medellín, Quibdó, la Sierra Nevada y Buenaventura”, pero además anunció que “la política de extradición dependerá de entrar en procesos avanzados de paz”. Por ello, contó que “he solicitado a Fiscalía configurar grupos de trabajo especiales para examinar la situación jurídica de quienes hagan la paz. La protección de la población civil y el desmantelamiento de las economías ilícitas son el fundamento de los nuevos procesos de paz”.
El senador y experto en el conflicto armado, Ariel Ávila, también se pronunció sobre el por qué no se extendió el cese al fuego. Explicó que “el cese al fuego es un acuerdo dentro de una mesa de negociación con unos países garantes, unos países veedores, unos protocolos para prorrogarlo, suspenderlo, acabarlo y demás, y un mecanismo de verificación; el Estado colombiano queda amarrado en el sentido de que hay un agente de verificación, hay unos tiempos y demás”.
Mientras tanto, según complementó, “la suspensión, como su nombre lo indica, es una suspensión unilateral de operaciones militares; eso es como cuando el ELN dice ‘declaro una tregua navideña’, y la declara y son ellos los que la cumplen. En este caso el Estado dice ‘yo puedo suspender operaciones militares’. Entonces ahí es una decisión unilateral del Estado colombiano, pero no de la mesa, sino del Estado”.
La segunda diferencia, de acuerdo con lo dicho con Ávila, “es que un cese al fuego generalmente, como el caso de Calarcá era nacional o con el caso del ELN. En cambio, la suspensión de operaciones militares puede ser modificada en cualquier momento y dedicarse a tres o cuatro partes del país. Incluso eso puede ser veredal y evita esa lógica de que todo esto sea en lo fundamental, pues un gran cese al fuego para todo el mundo”.
