El contralor delegado del sector Educación, Andrey Rodriguez, estuvo hablando en el programa 6AM W con Julio Sánchez Cristo, y explicó que la Contraloría General de la República evidenció una gran persistencia de dependencia fiscal de las universidades públicas nacionales con los recursos del Estado.
Teniendo eso en cuenta, Rodriguez explicó que el 60% de los ingresos se va exclusivamente a pagar la nómina y al personal administrativo. Si a eso se le suma el pasivo pensional, un cálculo que determina cuánto dinero se necesita hoy para cubrir las pensiones futuras, significa que no queda dinero para inversiones de infraestructura o investigación.
La brecha financiera del costo de un estudiante
La Contraloría detectó que la deuda escaló en 2024 y advirtió que la brecha de recursos es tan profunda que se ha vuelto una paradoja financiera. Por ejemplo, a la Universidad Nacional, el Estado entrega aproximadamente $11,4 millones al año por cada estudiante, pero lo que cuesta en realidad cada uno de ellos es cerca de $27,9 millones.
Según Rodríguez, existe una desigualdad estructural heredada de la Ley 30 de 1992 que ha dejado un vacío de 18 billones de pesos en las últimas décadas. “Están llegando más recursos, pero hay una estructura deficitaria interna; si no llega la plata de la Nación, es imposible que funcionen”, sentenció el contralor.
A pesar de que el Gobierno ha anunciado presupuestos históricamente altos, la realidad es que hay una diferencia en la distribución en los recursos de más de 16 millones de pesos por alumno.
De hecho, la UNAD es la única que logra “salvarse” y ser autosostenible, porque su modelo no depende solo del bolsillo del Gobierno Nacional.
La gestión interna de los recursos
Además, Rodriguez afirmó que por más que hoy en día se han invertido la mayor cantidad de dinero en el sector educación, el problema radica en la manera en la que las universidades manejan esa plata, ya que los gastos son mayores o muy ajustados frente a los ingresos.
El ejemplo del contralor es por medio del programa Matrícula Cero, donde se gira un 80% de los recursos y después llega el 20% restante. Algo que, según Rodriguez, genera un problema porque las universidades ya tienen un déficit y al no recibir el dinero a tiempo se quedan sin liquidez (efectivo para pagar los gastos inmediatos).
El futuro de la educación pública superior está en debate de dos frentes críticos, por un lado, la urgencia de reformar un esquema de financiación basado en la Ley 30 de 1992, que ha generado un vacío histórico , y por el otro, la necesidad de optimizar la gestión interna de los recursos.
