El jefe del ente acusador pidió al Consejo Superior de la judicatura levantar la medida a partir del 25 de mayo. El Fiscal General, Francisco Barbosa, advirtió que muchos de los procesos penales están corriendo como si no estuvieran suspendidos los términos, y abogados defensores están aprovechando para solicitar la libertad de los acusados, como sucedió en el caso de la familia Ambuila, procesada por lavado de activos, y el caso del exrector de la Uniautónoma, Ramses Vargas, procesado por corrupción.
«Frente al país hay que decir una cosa muy clara, o los términos se suspenden o no, pero no pueden estar suspendidos para unas actuaciones y para otras no». recalcó Barbosa.
Señala el fiscal que la norma de suspensión de términos en medio de la emergencia sanitaria no es seria, y no se acata de manera estricta.
«Aquí lo que estamos viendo es que en algunos casos, como estos casos emblemáticos, algunos jueces han cumplido y acatado esa suspensión de términos, otros simplemente han corrido los términos, incluso con interpretaciones como si estuviera funcionando normalmente la justicia».
Añadió que se están otorgando libertades, pero las actuaciones de la Fiscalía no se reciben, como tampoco se está dando trámite a demandas de extinción de dominio cuyos casos están frenados y tampoco se están recibiendo escritos de acusación.
Judicatura dice que ha cumplido con funciones esenciales de la justicia
La presidenta del Consejo Superior señaló que evalúan nuevas las medidas a partir del 25 de mayo. La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, dijo que el regreso de a la normalidad de las actividades judiciales debe ser “cuidadoso, progresivo y paulatino”.
La presidenta señaló que analizarán normas para volver de manera gradual a las sedes judiciales a partir del 25 de mayo. Señaló que, de manera virtual, han cumplido con los requerimientos fundamentales de los términos.
Dijo que hay sedes a las que acuden en promedio 8 mil personas y que los protocolos deben ser rigurosos para mantener la salud de los funcionarios y de la ciudadanía. Y que para que eso pase es indispensable la disciplina.
Remolina señaló que han tramitado 54 mil tutelas, 1.435 habeas corpus, 27 mil audiencias de control de garantías 22.500 tramites de ejecución de penas y más de 5.500 de detención por decreto de excarcelación. Además, habló de la revisión de las normas de excepción en medio de la cuarentena.
“No contar con mecanismos estándar y generalizados para la justicia electrónica ha sido un aspecto que ha insistido definitivamente en las posibilidades de acceso, de trámite y de comunicación de los procesos judiciales. Hemos buscado impulsar el trabajo virtual”, dijo Remolina.
También reconoció la limitación de algunas de las plataformas actuales y que trabajan en un plan de digitalización de los procesos de justicia.
