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Riesgo de vulneración de derechos en 274 municipios por elecciones

La Defensoría del Pueblo advierte que en medio del proceso electoral que vive Colombia son 274 los municipios que están en riesgo extremo de vulneración de derechos. En la alerta temprana 004 de 2022 se advierte que de estos 274 municipios en alerta 79 han sido calificados en riesgo extremo, 195 en riesgo alto, 186 en riesgo medio y 61 en riesgo bajo.

Los departamentos con mayor número de municipios con riesgo extremo son Cauca (16), Nariño (14), Chocó (9), Norte de Santander (8), Antioquia (7), Caquetá (6) y Tolima y Arauca (4).

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, asegura que esta alerta es para que el Estado tome las medidas a tiempo y se puedan evitar alteraciones y ataques en medio del proceso electoral que vive el país.

«Se busca impulsar la respuesta rápida y efectiva de toda la institucionalidad ante los riesgos que se advierten sobre la posible comisión de conductas vulneratorias a los derechos fundamentales y a la acción de grupos armados ilegales, que puedan afectar, entre otros, el derecho a elegir y ser elegido, a la participación democrática de la población civil, a la vida, libertad, integridad, seguridad y al Derecho Internacional Humanitario».

Se identificó la posibilidad de realización de paros armados, planes pistola, amenazas, ataques a miembros de la fuerza pública, grupos políticos o ciudadanos que se encuentren en contra de grupos armados ilegales en los territorios; población víctima en participación de elección de las curules de paz, defensores de Derechos Humanos, funcionarios públicos, pueblos étnicos, nuevas expresiones políticas, excombatientes de las Farc.

Se llama la atención sobre 167 municipios que hacen parte de las zonas de Circunscripciones Transitorias Especiales para La Paz, ya que 70 de ellos han sido identificados con riesgo extremo, 67 con riesgo alto, 23 con riesgo medio y con 7 riesgo bajo.

En este proceso de las Curules de Paz, se deben extremar las medidas cuando se conozcan los nombres de quienes resulten elegidos y el Estado deberá garantizar estos nuevos espacios democráticos en zonas con riesgo muy alto.

 

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