Durante una audiencia pública en la Cámara de Representantes, convocada por los promotores del proyecto de acto legislativo que busca que el voto sea de carácter obligatorio en el país, el registrador delegado en lo Electoral, Nicolás Farfán, mostró su rechazo a esta iniciativa que, en ojos de la entidad, no contribuiría al fortalecimiento de la democracia.
«El hecho de que el voto sea una facultad implica en esencia que existe una discreción en su ejercicio. Es decir, que se puede ejercer o no. Si bien es cierto que el voto obligatorio se desprende de la dimensión del deber que hoy existe respecto al voto, también lo puede convertir en una restricción desproporcionada, al ser un deber de obligatorio cumplimiento, castigado mediante sanciones», afirmó el funcionario.
En medio de su intervención, Farfán consideró que «el hecho de volver obligatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el voto, restringe el hecho de que este sea un instrumento para formalizar la voluntad libre de los electores, para la contribución de decisiones colectivas, o la selección de sus representantes».
El registrador señaló que «el voto obligatorio tiene un elemento de cohesión, por lo que la prerrogativa, o elemento esencial de la libertad, se minimiza en aras de combatir la abstención. Frente a este fenómeno podemos decir que es un deber del Estado, como política pública, combatirlo; sin embargo, este combate se puede hacer a través de acciones para promover la participación activa de la ciudadanía».
También recordó que «la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido que la abstención es una forma legítima de participación. Y los ha protegido jurídicamente. Esa abstención puede ser entendida como un descontento de la opinión pública frente al sistema político en su conjunto, al sistema electoral, o a la oferta de organizaciones políticas y candidatos que participan en una contienda».
Finalmente, Farfán aseguró que para enfrentar la problemática de la abstención en el país se deben tomar medidas más de carácter pedagógico, incluyendo los distintos incentivos y/o beneficios que se brindan a quienes ejercen su derecho al voto, y no con medidas con enfoque obligatorio, coercitivo y sancionatorio.
