Tras el escándalo de los carrotanques en La Guajira, también se ha señalado una posible malversación de fondos en el proyecto de ollas comunitarias, así como fallas en la implementación de soluciones para el suministro de agua y el mantenimiento de plantas potabilizadoras. Se han denunciado pagos ilegales y la asignación de cargos en entidades como el ICBF y Prosperidad Social a congresistas.
Un contrato para establecer ollas comunitarias en Albania, La Guajira, valuado en 20.400 millones de pesos, está en el centro de una presunta desviación de fondos hacia campañas políticas, incluidas las de la alcaldesa Nera Robles del partido Maís, así como las de la congresista Martha Peralta del Pacto Histórico y el representante conservador Juan Loreto Gómez.
Ante esta situación, la representante a la cámara por Cambio Radical, Lina María Garrido, ha levantado serias preocupaciones sobre la gestión de recursos públicos en el departamento de Arauca y su propia seguridad personal. En Caracol Radio, Garrido expuso una serie de irregularidades y llamó la atención sobre la falta de transparencia en la asignación de fondos para proyectos comunitarios y de gestión del riesgo.
Denuncias de malversación y amenazas
Garrido señaló que desde febrero, tras el asesinato de un candidato de su partido en Saravena, ha temido por su vida. La situación se agravó cuando el ELN declaró a miembros de Cambio Radical y del Centro Democrático como objetivos militares. La representante exige que se investigue si los fondos destinados a ollas comunitarias y otros proyectos han financiado indirectamente a grupos armados en la región.
“Temo por mi seguridad, temo por mi vida. Nos dicen que somos objetivo militar, tanto Cambio Radical, como centro Democrático”, mencionó la Representante.
Falta de claridad en la distribución de recursos
Por otro lado, Garrido cuestionó la distribución de 17 mil millones de pesos a 80 ollas comunitarias en Tame, criticando la falta de fundamentación y transparencia sobre los beneficiarios y las condiciones de los proyectos. Además, reveló que más de 6 mil millones de pesos fueron entregados a 5 aliados estratégicos, algunos de los cuales están vinculados a paros que afectaron a Arauca el año pasado.
“No sabemos ni siquiera donde están ubicadas, quienes son los beneficiarios… y no sabemos las condiciones de salubridad”, indicó Garrido.
Sospechas sobre el uso de maquinaria
Garrido también expresó sospechas sobre el uso de maquinaria amarilla en Arauca, con más de 28 mil horas máquina pagadas y sin claridad sobre su ubicación o los contratistas involucrados. La comunidad ha reportado cobros adicionales por combustible y alimentación, lo que sugiere posibles irregularidades en la ejecución de obras de protección.
“¿Dónde se ubicaron? ¿Quiénes fueron los contratistas?… ¿Realmente llegaron esas 20 mil horas máquinas al departamento de Arauca?”, cuestionó Garrido.
Para finalizar, la representante instó a las autoridades a investigar estas denuncias y a proporcionar respuestas claras sobre la gestión de los recursos. Hace un llamado especial al Gobierno Nacional para que preste atención a la situación en Arauca, en lugar de centrarse únicamente en otros departamentos como La Guajira.
