Después de dos días, en Ocaña (Norte de Santander) se desarrolló la audiencia pública sobre el caso de los «falsos positivos» y se abordó la segunda modalidad macrocriminal, el asesinato de jóvenes de otras regiones que fueron engañados para ser traídos al Catatumbo y ser presentados falsamente como bajas en combate.
Fueron escuchados por la JEP, el general (r) Paulino Coronado, los coroneles Santiago Herrera y Rubén Darío Castro, el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo, el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón y el mayor Juan Carlos Chaparro; además de Alexander Carretero, que colaboró con las dos unidades investigadas.
El general (r) Paulino Coronado, durante su intervención, aseguró “en nombre del Ejército que yo comandé (…) reconozco la responsabilidad imputada por la JEP en el auto 125 como máximo responsable de la Brigada 30”.
También reconoció que «como autor a título de comisión por omisión por crímenes de guerra y de lesa humanidad (…) acepto responsabilidad por no haber investigado para sancionar estas falsas operaciones”. “Acepto la responsabilidad por no avizorar que la política de inflexión física definida por el general Mario Montoya, quien consideraba que solo con la inflexión física podía llevarse a las Farc a negociar, había que causar el mayor número de bajas posible”.
La magistrada Catalina Díaz tomó la palabra para pedirle a Coronado que responda unas preguntas de la magistratura para aclarar algunos hechos documentados en el auto de imputación.
La magistrada Díaz preguntó por una audiencia pública en Ocaña llevada a cabo el 6 de diciembre de 2007 en la cual campesinos denunciaron falsas bajas en combate, meses antes de que estallara en la opinión pública el caso de los jóvenes de Soacha que aparecieron muertos en Ocaña.
El General coronado manifestó que recordaba aquella audiencia pública y que allí no se hizo mención de algún hecho de esa índole, a su vez cuestionó que, de haber sido así, ¿por qué otros organismos de control y organizaciones multilaterales no se manifestaron al respecto?
La magistrada Díaz reiteró que en el documento consta que en esa audiencia pública se denunciaron hechos referentes a violaciones de derechos humanos por parte del Ejército en la región del Catatumbo.
