La Procuraduría General de la Nación abrió en noviembre de 2022 una investigación disciplinaria contra diez diputados de la Asamblea Departamental de Arauca, a raíz de presuntas irregularidades relacionadas con la elección del Contralor Departamental para el periodo 2022-2025.
La actuación quedó identificada con los radicados IUS E-2022-406345 e IUC D-2022-2536981. Sin embargo, casi cuatro años después de su apertura, persiste el interrogante sobre cuál es el estado real del proceso y si existe o no una decisión de fondo.
Radican derecho de petición ante la Procuraduría
Ante el tiempo transcurrido y la falta de información pública sobre el desenlace de la actuación, fue radicado ante la Procuraduría General de la Nación un derecho fundamental de petición cuyo objeto es solicitar información, impulso procesal y un pronunciamiento de fondo sobre la investigación disciplinaria.
La solicitud busca establecer con precisión en qué etapa se encuentra actualmente el expediente, cuáles actuaciones se han adelantado desde su apertura, qué pruebas han sido practicadas y si existen diligencias pendientes.
También se solicita a la Procuraduría informar si dentro del proceso se ha proferido auto de cierre de investigación, pliego de cargos, decisión de archivo, terminación, fallo de primera instancia o cualquier otra decisión de fondo.
Uno de los puntos de mayor relevancia planteados en la petición tiene que ver con los términos de prescripción de las conductas investigadas, teniendo en cuenta los años transcurridos desde la apertura de la actuación.
El derecho de petición solicita que la Procuraduría precise si existe actualmente algún riesgo de prescripción y, de ser así, qué actuaciones ha adelantado o tiene previstas para garantizar que la investigación no pierda eficacia por el vencimiento de los términos legales.
Una elección que terminó anulada por el Consejo de Estado
El caso adquiere mayor relevancia porque la elección del entonces contralor departamental Luis Fernando Márquez Alzate también fue objeto de control judicial.
El Consejo de Estado, mediante sentencia de segunda instancia del 7 de diciembre de 2022, dentro del proceso 81001-23-39-000-2022-00042-02, confirmó la nulidad del acto de elección.
La alta corporación concluyó que, tras la desintegración de la terna, debían adelantarse las actuaciones necesarias para su reconstitución antes de proceder nuevamente con la elección.
Mientras la jurisdicción contencioso-administrativa produjo una decisión sobre la legalidad de la elección, la actuación disciplinaria relacionada con esos hechos continúa generando preguntas sobre su avance y eventual desenlace.
La demora ya había sido advertida
La preocupación por la falta de avance no es nueva. En julio de 2024, el abogado Carlos Alberto Merchán Espíndola, quien figura como quejoso, presentó ante la Procuraduría un escrito en el que solicitó celeridad e impulso procesal dentro de la misma actuación.
En ese documento dejó constancia de solicitudes anteriores y de la ausencia de una decisión de fondo conocida hasta ese momento.
La pregunta ahora está en manos de la Procuraduría
El nuevo derecho de petición busca que sea la propia autoridad disciplinaria la que explique qué ha ocurrido con el expediente durante estos años y cuál es su situación jurídica actual.
La solicitud también pide conocer si la sentencia del Consejo de Estado fue incorporada o valorada dentro de la investigación disciplinaria y si actualmente existen periodos de inactividad procesal, así como las razones que eventualmente los habrían justificado.
La investigación involucra a quienes para el momento de los hechos ejercían como diputados departamentales y está relacionada con la elección del funcionario encargado de ejercer el control fiscal en Arauca.
Por ello, conocer qué ha sucedido con el expediente constituye un asunto de interés público y de transparencia institucional.
La petición no pretende anticipar responsabilidades ni interferir en la autonomía de la Procuraduría. Busca obtener información oficial, verificable y actualizada sobre una actuación disciplinaria que lleva varios años en trámite.
Mientras se espera la respuesta de la Procuraduría, permanece abierta una pregunta que ahora deberá responder oficialmente el organismo de control:
¿En qué estado se encuentra, casi cuatro años después, la investigación disciplinaria por la elección del Contralor Departamental de Arauca y existe riesgo de que alguna de las conductas investigadas prescriba?
