Los colombianos y el gobierno de Gustavo Petro se encuentran a la expectativa del informe anual de la Casa Blanca que debe presentar el presidente Donald Trump antes del 15 de septiembre donde notifica al gobierno Federal el “majors list”, donde certifica o descertifica a los países productores de narcóticos o de paso de narcóticos.
¿Qué ocurrirá una vez la Casa Blanca emita su memorando? ¿Podrían la embajada y el gobierno Petro revertir una eventual descertificación?. El principal asesor para asuntos de Colombia del Atlantic Council en Washington entregó a Caracol Radio detalles clave de este informe.
Los tres escenarios
Sobre esta decisión presidencial existen tres escenarios: una certificación, que reconoce plena cooperación; una des certificación; o una certificación por interés nacional vital, que permite mantener la ayuda pese al incumplimiento.
Ramsey advierte que es muy posible una descertificación por parte de la administración Trump, como mensaje de descontento hacia el gobierno Petro y sus políticas antidrogas. De no certificar a Colombia, se fijarían condiciones claras para una eventual recertificación.
“Yo creo que lo más probable es que Estados Unidos va a tomar la decisión de descertificar que Colombia esté coordinando la estrategia antidroga de Estados Unidos y eso podría tener implicaciones mayores para la relación bilateral diplomática y para la asistencia de seguridad entre ambos países”, dijo Ramsey.
Ramsey también aseguró que las reuniones de la comitiva oficial del gobierno colombiano en Washington DC no tendrán efecto y que la decisión ya estaría tomada.
“A estas alturas la Casa Blanca sabe muy bien lo que va a hacer, mi expectativa es que Estados Unidos va asegurar de que esta decisión sea lo más costoso para el presidente Petro pero buscando minimizar el costo para la relación bilateral y para otros intereses de los Estados Unidos.
¿Qué ocurre cuando se emita la decisión?
Una vez publicado el memorando, la decisión se envía al Congreso y se hace pública en el Registro Federal. Ramsey agregó que “el Congreso no tiene maniobra para revertir esa determinación, por ley es una determinación que hace el presidente y solamente el presidente”.
Sus efectos son inmediatos: la descertificación suspende gran parte de la asistencia bilateral, ordena votar contra préstamos de organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, y congela apoyos a negocios estadounidenses en Colombia.
De acuerdo con Ramsey una descertificación afecta directamente los dineros ya asignados para Colombia en los fondos del año fiscal 2025, como los fondos que podrían asignarse para el año fiscal 2026, que desde hace varios meses, congresistas republicanos han propuesto reducir en un 50%.
También podrían imponerse sanciones discrecionales, desde retirar preferencias arancelarias hasta restringir acuerdos de transporte aéreo.
Medidas adicionales
Ramsey agregó que “podrían declarar al embajador colombiano aquí persona non grata, podrían cancelar visas a trabajadores del gobierno colombiano, podrían reducir el nivel de coordinación con el gobierno de Petro. Hay bastante rechazo en Washington al gobierno de Petro y creo que hay mucho interés en mandar un mensaje fuerte” dijo a Caracol Radio.
La Casa Blanca tiene plazo hasta el lunes para publicar su informe anual de control de narcóticos, que identifica a los principales países productores y de tránsito de drogas.
Un castigo y un error
Organizaciones como WOLA advierten que descertificar a Colombia “sería un error” y reduciría la cooperación de Estados Unidos a Colombia “a sus niveles más bajos desde los años 80”.
En un comunicado WOLA, afirma que “la “descertificación” es una herramienta de política exterior anticuada, contundente y contraproducente que ya no debería existir. La Casa Blanca no debe usar la descertificación para castigar al pueblo de Colombia”.
Agrega que “si bien el gobierno de Gustavo Petro no ha logrado sus propios objetivos de seguridad y gobernanza, incluyendo resultados en la lucha contra la producción ilícita de drogas, esto se debe más a una mala gestión y a fallos de liderazgo que a la malicia o a cualquier inclinación a beneficiar a los narcotraficantes. Un castigo unilateral por parte de Estados Unidos, cortando la ayuda y el crédito, agravaría el daño en un momento delicado, dificultando aún más el logro de los objetivos de Estados Unidos en Colombia”.
