Además de las negociaciones con grupos armados como el ELN, el Gobierno nacional apostará, dentro de la Paz total, por dar fin al conflicto también con las bandas criminales. Allí será clave el proyecto de ley de sometimiento, que ha revelado el senador y ponente Ariel Ávila, estaría listo para mediados o finales de febrero.
“Vamos a comenzar desde esta misma semana reuniones, y aspiramos a tener en dos o tres semanas la ley de sometimiento, que se va a llamar Ley de responsabilidad de aceptabilidad penal, para que nosotros podamos presentársela al Congreso y tenerla aprobada hacia abril”, afirmó el congresista que será ponente de la iniciativa durante su trámite en Senado.
Frente a las demoras en la radicación del texto, Ávila comentó que “más que puntos que no hayamos logrado acordar, lo que se trata es de saber cómo lo planteamos en la ley. Lo primero es la aritmética de las penas, si eso debe quedar en una ley desde ya o si debe ir en una segunda parte de la ley, a finales de este año; lo segundo es obviamente saber el tema de las riquezas, y lo tercero los mecanismos de contrastación, es decir, que si un ilegal, un narcotraficante dice verdades sobre los temas de víctimas, rutas y entrega bienes, saber que no está ocultando más”.
El congresista, que asistió a Palacio a una reunión sobre el Plan Nacional de Desarrollo con el director del DAPRE Mauricio Lizcano, también aprovechó para hacer algunos cuestionamientos en materia de Paz. “Le pedimos al presidente que sea ágil en nombrar los equipos negociadores para el tema de organizaciones criminales de alto impacto, y para los temas de disidencias; pedirle al comisionado que se dedique o a negociar o las mesas y ser asistencia técnica, pero no ambas cosas”.
A propósito del comisionado, el fin de semana denunció un posible cartel de abogados que estarían buscando colar a narcos en la Paz total. Sobre ese tema el senador Ávila hizo un llamado al fiscal general Francisco Barbosa: “que vaya hasta las últimas consecuencias y averigüe si es cierto que hay abogados pidiendo recursos económicos, porque eso le hace mucho daño al proceso de Paz; y si es así, que se pudran en la cárcel esos abogados”.