El fallo de la Corte Constitucional que restringió el acceso gratuito a determinadas aplicaciones, como WhatsApp y Facebook, en planes de datos móviles sigue generando controversia en el país. El objetivo, según el alto tribunal es proteger la neutralidad de la red y la libre competencia; sin embargo, se podrían ver notablemente afectadas las personas de escasos recursos.
“El tema no es tan sencillo como parece y su análisis no puede ser generalizado. En lugar de medidas generales que afecten a todos por igual, las restricciones deben aplicarse caso por caso. Deben ser los organismos reguladores quienes apliquen las medidas del caso, que dicho sea de paso deben ser proporcionales y temporales mientras se corrijan las fallas del mercado”, asegura el senador Alfredo Deluque.
El congresista del Partido de La U considera que “el fallo responde a una preocupación válida: Cuando un operador decide qué aplicaciones son gratuitas, puede limitar la libertad de los usuarios para elegir qué consumir en internet. Sin embargo, también ha permitido que millones de colombianos de especialmente zonas rurales de bajos ingresos, accedan a aplicaciones esenciales sin gastar su saldo. Este es el dilema”.
Añadió Deluque que “en el entendido de que el Internet de nuestro país es un servicio público esencial, que además la red que lo soporta fue declarada de utilidad pública y social, es absolutamente claro que quien tiene la obligación de que el servicio llegue a todas partes y su acceso sea igual para todos los colombianos es el Estado”. Por esa razón propone que “de la misma manera que el Estado ha subsidiado el servicio de energía y el servicio de agua potable a los sectores más vulnerables, también se destinen recursos para subsidiar paquetes básicos de datos para que esas personas puedan acceder a Internet, los más vulnerables”.
El parlamentario ha señalado que los operadores, el gobierno, la sociedad civil y los ciudadanos deben “dialogar sobre cómo garantizar la neutralidad de la red sin dejar atrás a los más vulnerables. Hagamos de esta una discusión y una oportunidad para fortalecer el acceso a Internet como un derecho, no como un privilegio. Porque en un mundo cada vez más digital, estar conectados no es un lujo, es una necesidad”.
Explicó que este es un llamado directo al Gobierno nacional para que evalúen la propuesta y si se puede materializar. Señala que incluso podría convertirse en un futuro proyecto de ley para que sea tramitado en el Congreso.
