Durante el debate de la Comisión Primera del Senado sobre la prórroga de la Ley de Víctimas, la Procuraduría señaló que tanto esta como los decretos que hacen parte del componente de reparación para las víctimas en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) deben estar coordinados entre su duración y el tiempo de funcionamiento de la justicia transicional.
«Dado que la Reforma Rural Integral es el camino para contribuir a la estabilización socioeconómica y el goce efectivo de los derechos de las víctimas, se requieren al menos 15 años de prórroga para materializar el enfoque transformador de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los decretos leyes étnicos», aseguró el órgano de control que también propone que la prórroga sea contada a partir del 10 de junio del 2021.
De acuerdo con la Procuraduría, a la fecha solo han sido indemnizadas 879.821 víctimas, lo que corresponde al 12% de los 9 millones que hacen parte del censo o del registro de sujetos de reparación. Con lo cual se requerirán más de 50 años para pagar todas las indemnizaciones pendientes.
Finalmente, la Procuraduría hizo un llamado para que desde el Gobierno exista un informe detallado de los recursos necesarios para avanzar en un tiempo razonable en el restablecimiento de los derechos de las víctimas.
