En un documento de 24 páginas conocido por Caracol Radio, la Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional estudiar la posibilidad de declarar la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional por el agravamiento de la crisis de la salud en el país.
El pronunciamiento se hace a raíz del polémico aumento de la Unidad de Pago por Capitación – UPC para financiar los servicios y tecnologías en salud de los regímenes subsidiado y contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud para el 2025.
De acuerdo con la Procuraduría, el aumento del 5,36% del valor de la UPC se adoptó sin sustento técnico alguno, “en una decisión claramente política, como resultado del archivo en el Congreso de la República de la denominada Ley de Financiamiento, y la necesidad de poner presiones insostenibles para lograr la aprobación de la ambicionada gubernamental reforma al Sistema de Salud”, dijo la entidad.
También, el ente de control destaca las advertencias de la Corte Constitucional al Ministerio de Salud y Protección Social por el desconocimiento de las órdenes de la sala especial de seguimiento a la sentencia T-760-08.
“En 3 ocasiones, entre junio de 2022 y diciembre de 2024, la Sala Especial de Seguimiento advirtió al Ministerio de Salud y Protección Social respecto del riesgo de incursión en conductas disciplinarias y penales por el desconocimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional”, indicó el Ministerio Público.
La solicitud de la Procuraduría
- Se estudie la viabilidad de declarar la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional, solicitado por este Despacho el 1 de agosto de 2024 con el fin de restaurar el orden Constitucional en salud y evitar su desastre anunciado por muchos actores.
- Adoptar las medidas provisionales urgentes dirigidas al Ministerio de Salud y Protección Social, para que en un plazo razonable se corrijan las decisiones equívocas y antitécnicas del exiguo incremento del valor de la UPC para 2025.
- Dar inicio al trámite de desacato a orden judicial si la Corte lo considera, en contra del Ministro de Salud y Protección Social, por el evidente incumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en el marco del Seguimiento a la Sentencia T760-08 con las consecuencias irreversibles para el sistema de salud en materia de garantías a la vida, salud y derechos fundamentales.
