El organismo de control pidió explicaciones al alcalde Juan Alfredo Quenza Ramos y al gerente de EMSERPA, Germán Javier Castro Tovar, por el proceso contractual que terminó con la adjudicación a MOPEN S.A.S. Entre los aspectos revisados están el corto cronograma de selección, el régimen jurídico aplicado y la situación legal de la empresa contratista.
Un contrato que supera los $45.000 millones para la construcción de redes de acueducto y alcantarillado en Arauca quedó bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación (PGN), que solicitó explicaciones y soportes documentales al alcalde Juan Alfredo Quenza Ramos y al gerente de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca (EMSERPA), Germán Javier Castro Tovar.
La revisión está relacionada con el contrato 144 de 2026, derivado de un convenio con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que fue adjudicado a la empresa MOPEN S.A.S. y contempla un plazo de ejecución de 12 meses.
El proyecto tiene como objeto construir redes de acueducto y alcantarillado sanitario en los tramos de la calle 1 sur, la carrera 11 y la carrera 7, con el propósito de mejorar la disponibilidad de los servicios públicos, garantizar el suministro de agua potable y optimizar la recolección y evacuación de aguas residuales domésticas.
Un proceso contractual bajo revisión
Uno de los aspectos que llamó la atención del organismo de control fue el cronograma del proceso de selección, que contempló apenas cuatro días hábiles entre la primera publicación y el cierre.
De acuerdo con la información revisada por la Procuraduría, se dispuso de un día para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones y otro para formular comentarios al informe de evaluación. Además, en el proceso no se registraron audiencias de asignación de riesgos ni de adjudicación.
Ante estas circunstancias, la entidad de control solicitó documentación y explicaciones para examinar las condiciones en las que se adelantó la contratación y establecer si se ajustó a las disposiciones aplicables.
¿Por qué EMSERPA se apartó de los documentos tipo?
Otro de los puntos bajo revisión es el régimen jurídico utilizado para adelantar el proceso contractual.
La Procuraduría pidió a EMSERPA aclarar las razones por las cuales consideró que podía apartarse de los documentos tipo previstos para esta clase de contratación, así como aportar los soportes que sustentan esa decisión.
Este aspecto será clave para establecer si el procedimiento se desarrolló conforme al marco jurídico aplicable y si las decisiones adoptadas por la entidad estuvieron debidamente justificadas.
La situación jurídica de MOPEN S.A.S.
La empresa que obtuvo el contrato también está en el centro de las verificaciones. Según la documentación consultada por el organismo de control, el registro mercantil reporta la razón social MOPEN S.A.S. en liquidación, con una actualización del 25 de mayo de 2026.
Adicionalmente, el Registro Único de Proponentes (RUP) indica que los efectos de una inscripción anterior cesaron el 9 de junio de 2025 y que posteriormente se realizó una nueva inscripción el 14 de abril de 2026.
Por esta razón, la Procuraduría solicitó verificar la situación jurídica de la compañía y revisar los antecedentes documentales relacionados con su participación en el proceso de contratación.
La información registral, por sí sola, no demuestra que la empresa estuviera inhabilitada para contratar; esa conclusión depende de la verificación de su situación jurídica y de los requisitos exigibles al momento del proceso.
Un contrato de alto valor bajo la lupa del Ministerio Público
La revisión de la Procuraduría se concentra en las condiciones del proceso de selección, la aplicación de las reglas de contratación y la situación jurídica de la empresa adjudicataria.
Por ahora, las solicitudes de explicaciones y documentos no equivalen a una declaración de responsabilidad ni confirman, por sí mismas, la existencia de irregularidades. El desarrollo de las verificaciones permitirá establecer si hay elementos que justifiquen actuaciones adicionales por parte del organismo de control.
Mientras tanto, el contrato de más de $45.000 millones, destinado a obras de acueducto y alcantarillado en la capital araucana, queda sujeto al escrutinio sobre la forma en que fue adjudicado y las condiciones bajo las cuales se ejecutará.
