La Procuraduría pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que decrete una medida cautelar y suspenda el giro de dinero de la Cancillería a la Casa de la Moneda de Portugal mientras se resuelve la demanda contra el convenio para la expedición de pasaportes.
El un documento de ocho páginas tiene como fin proteger el patrimonio público ante un contrato que a su juicio fue mal diseñado, y donde se podría poner en riesgo $1.3 billones de pesos.
Advierte la Procuraduría que, de no tomar medidas, con el transcurrir del tiempo se puede terminar convalidando las irregularidades discutidas teniendo en cuenta que los pagos se efectuarán al contratista bajo las condiciones pactadas, sin que existan estudios técnicos o económicos que las soporten.
“Teniendo en cuenta lo anterior, es menester afirmar que la medida cautelar no afectaría la prestación del servicio, pues de conformidad con lo expuesto, dicha medida precavería el riesgo de prestar el servicio bajo un negocio jurídico viciado de nulidad, que además es nocivo para el patrimonio público, amén de que no cuenta con las garantías para proteger los derechos involucrados en dicho servicio, razón por la cual, a partir del mandato legal y constitucional de prestar este, el FRMRE debe buscar alternativas en el marco de la normatividad vigente, tal y como se adelantaba en anteriores oportunidades”.
El Tribunal deberá resolver la solicitud de la Procuraduría y determinar si accede o no.
