El exsecretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Arauca, Édgar Fernando Guzmán Robles, deberá responder ante la Procuraduría Regional por presuntas irregularidades en un contrato para la compra y distribución de combustible destinado a vehículos oficiales en varios municipios del departamento.
De acuerdo con el órgano de control, no existen soportes contables que justifiquen la ejecución del contrato por $194 millones, en el que se identificó un déficit de alrededor de 17.292 galones de combustible, equivalentes a unos $155 millones sin justificar.
Las inconsistencias se relacionan con la orden de compra 86922 de 2022, que debía cubrir el suministro de gasolina y ACPM en municipios como Saravena, Tame, Arauquita, Cravo Norte, Fortul y Puerto Rondón. Algunas alcaldías incluso certificaron haber recibido menos combustible del que figura en los informes entregados por la Gobernación.
El contrato especificaba el suministro de 3.000 galones de gasolina corriente y 12.616 de ACPM. Sin embargo, no hay evidencia de su distribución efectiva, según determinó la Procuraduría tras visitas a la Gobernación y revisión de documentos contables.
El Ministerio Público sostiene que Guzmán incumplió su deber de supervisión, vulnerando principios de la administración pública como moralidad, economía y eficiencia. Por ello, la falta fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima.
Guzmán ejerció el cargo entre noviembre de 2021 y noviembre de 2022. El proceso disciplinario avanza en la etapa de pliego de cargos, mientras la Procuraduría busca establecer si hubo detrimento patrimonial y responsabilidad disciplinaria.
