La crítica situación de orden público en el departamento de Arauca encendió las alarmas en la Procuraduría General de la Nación, que activó acciones preventivas e interinstitucionales para garantizar la vida y los derechos fundamentales de la población.
El ente de control remitió requerimientos formales a la administración departamental, así como a las autoridades militares y de Policía en la región, con el propósito de obtener un panorama detallado y actualizado frente a la escalada de violencia que en los últimos días ha afectado al territorio.
La intervención de la Procuraduría se produce en medio de los recientes ataques con drones contra bases militares en los municipios de Fortul y Saravena, así como tras el asesinato de dos escoltas del senador Jairo Castellanos, hechos que han incrementado la preocupación por la seguridad en el departamento.
Tras un Consejo de Seguridad promovido por el Ministerio Público, se acordó la necesidad de articular acciones entre las distintas entidades del Estado para prevenir nuevos hechos violentos y reforzar la capacidad de respuesta institucional.
La Procuraduría Regional de Arauca insistió en la urgencia de una intervención integral y oportuna en los municipios donde se concentran los mayores focos de violencia, y solicitó fortalecer la presencia y el accionar de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes.
De cara al proceso electoral venidero, el Ministerio Público advirtió que se requiere una respuesta inmediata, coordinada y estratégica por parte del Estado, enfocada en el análisis integral del riesgo, la articulación interinstitucional y la adopción de medidas preventivas y correctivas dentro del marco legal vigente.
La situación continúa bajo seguimiento del órgano de control.
