La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el canciller Álvaro Leyva, y el secretario general José Antonio Salazar, por presuntas irregularidades en la suspensión del proceso de licitación de pasaporte.
La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que la decisión de los funcionarios de declarar desierto el proceso de licitación público para la expedición del documento, y al parecer, los funcionarios habrían incurrido en una falta disciplinaria.
Dice la Procuraduría que el canciller Leyva Durán y el secretario Salazar Ramírez posiblemente vulneraron los principios de transparencia, economía y responsabilidad, que son pilares de la contratación estatal.
Como parte de su actuación disciplinaria, el Ente de control solicitó la práctica de pruebas, y buscará determinar la conducta y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
Esta es la tercera ocasión en que se frena ese proceso licitatorio.
