La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra todos los ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro que firmaron el decreto 639 que convoca la consulta popular.
El Ministerio Público indicó que en virtud del fuero disciplinario que cobija a los ministros del despacho, esa indagación la tramita la Sala disciplinaria de Instrucción, tras una queja presentada por Daniel Briceño, Cristina Plazas y Alberto Boek.
La queja explica que, los ministros habrían excedido sus funciones públicas al firmar un decreto que va en contra de la ley, pues desconoce la votación negativa del Senado para esta convocatoria.
Los ministros investigados disciplinariamente son:
- Armando Benedetti Villaneda, ministro del Interior.
- Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, ministra de Relaciones Exteriores (E).
- Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda y Crédito Público.
- Augusto Alfonso Ocampo Camacho, ministro de Justicia (Е).
- Pedro Arnulfo Sánchez Suarez, ministro de Defensa.
- Martha Viviana Carvajalino Villegas, ministra de Agricultura.
- Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, ministro de Salud.
- Antonio Eresmid Sanguino Páez, ministro De Trabajo.
- José Luciano Sanín Vásquez, ministro de Minas.
- Diana Marcela Morales Rojas, ministra de Comercio.
- José Daniel Rojas Medellin, ministro de Educación Nacional.
- Christian David Diaz Bulla, ministro de Ambiente (E).
- Helga María Rivas Ardila, ministra de Vivienda.
- Julián Molina Gómez, ministro de las TIC.
- María Fernanda Rojas Mantilla, ministra de Transporte.
- Yanai Kadamani Fonrodona, ministra de Cultura.
- Patricia Duque Cruz, ministra de Deporte.
- Angela Yesenia Olaya Requene, ministra de Ciencia, Tecnología E Innovación.
- Carlos Alfonso Rosero, ministro de la Igualdad.
Los ministros tambien podrían afrontar investigaciones penales
En diálogo con Caracol Radio, el abogado Ramiro Bejarano Guzmán, profesor del Externado de Colombia y de la Universidad de los Andes explicó que los ministros que firmaron dicho decreto están desconociendo una decisión que ya había tomado el Senado, por lo que podrían ser eventualmente denunciados por “prevaricato”.
“Es evidente que para que ellos pudieran haber dictado ese decretazo era necesario que el Senado no se hubiera pronunciado. Pero el Senado sí se pronunció y dijo que no. Ellos han tratado de eludir esa decisión diciendo que esa decisión no existió o que violó la Constitución. Ninguna de las dos cosas las puede declarar el presidente de la República», indicó Bejarano.
El delito de prevaricato se comete cuando un funcionario dicta una resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, o cuando omite, retarda, rehúsa o deniega un acto propio de sus funciones, sabiendo que esa acción es ilegal.
Sobre este tema, para el doctor Gonzalo Ramírez Cleves, profesor de la Universidad Externado de Colombia, con la firma de este decreto se está vulnerando del principio de separación de los poderes.
“Usted no puede digamos como funcionario público sino hacer todo aquello que esté previsto en la ley y no podría ir a firmar un decreto que palmariamente es inconstitucional porque se podría ver envuelto en prevaricato”, indicó el experto.
