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Procurador evalúa suspender a funcionarios del gobierno involucrados con disidencias de “Calarcá”

Avanza la polémica por los presuntos nexos de altos funcionarios del gobierno con las disidencias de alias “Calarcá”. Los investigados penal y disciplinariamente son el general Juan Miguel Huertas, comandante de Personal del Ejército y Wilmar Mejía, alto funcionario del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI).

En el caso de la Procuraduría, avanza una investigación de la Sala Disciplinaria de Instrucción, pues se busca identificar si en efecto tuvieron relación con esa guerrilla mientras permanecían en el cargo.

En ese sentido, fuentes del Ministerio Público indican que para velar por garantías procesales, tanto el general como el funcionario del DNI, podrían ser suspendidos de sus cargos pues podrían incidir en las investigaciones.

Sobre este punto el procurador General, Gregorio Eljach, confirmó que esta posible suspensión es evaluada “severamente”.

“Como son servidores públicos y la conducta ha causado mucha alarma social y política, lo vamos a considerar severamente para la valoración en su momento”, indicó el jefe del Ministerio Público.

Asimismo, dijo que la Procuraduría tiene el poder preferente en la investigación, en ese sentido dijo que tanto Ejército como DNI deben “aconductarse al Ministerio Público. Nosotros no le tenemos que pedir nada”.

¿Por qué se les investiga?

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló un presunto entramado de corrupción entre jefes de las disidencias alias Calarcá, el general del Ejército Juan Manuel Huertas y un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, Wilmar Mejía.

Según lo informado, los hechos se remontan a julio de 2024 cuando una caravana con siete jefes de las disidencias que era custodiada por integrantes de la Unidad Nacional de Protección y fue detenida en un retén del ejército en Anorí, Antioquia. La caravana transportaba armas, dinero y un menor de edad.

Pese a que fueron detenidos, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ordenó la liberación de la mayoría de los capturados entre quienes se encontraban alias Calarcá, jefe del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las FARC; su compañera Érika; y los jefes de frente alias Ramiro y Urías Perdón, argumentando que eran gestores de paz y que “aún en situaciones de flagrancia no podían ser capturados”.

En medio de este operativo también fueron incautados computadores, memorias USB y celulares, dispositivos que contenían información delicada y que quedaron en manos de la Fiscalía. El meollo del asunto es que aunque el ente acusador conoció de los hechos, no abrió ninguna investigación ni tomó medidas al respecto.

Por otro lado, la investigación reveló conversaciones de miembros de las disidencias ‘Calarcá’ con alias ‘Iván Mordisco’, quienes para el momento de la incautación, recién habían dejado de ser del mismo bando, en ellos habría pruebas donde sale a relucir el nombre de la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, como supuesta intermediaria en la financiación entre el Estado Mayor Central y la campaña de Petro Presidente.

General Juan Miguel Huertas, en el centro de los señalamientos:

Uno de los nombres que aparece en los documentos es el del general Juan Miguel Huertas, actual jefe del Comando de Personal del Ejército y quien fue retirado a inicios del Gobierno de Gustavo Petro pero luego reintegrado como inspector general en julio de 2025.

Según la investigación de Noticias Caracol, un hombre de confianza de alias ‘Calarcá’ habría asistido a reuniones en Bogotá con el general Huertas, cuando aún estaba retirado para explorar la opción de crear una empresa de seguridad que serviría como fachada para legalizar armamento y movilizar a hombres de las disidencias en vehículos blindados.

Incluso se habló de correos en los cuales encontraron cartas donde los disidentes afirman que el general Hurtas podría ayudarlos gracias a sus vínculos con el presidente Gustavo Petro y que tras haber sido retirado de su cargo en 2022, entró a hacer parte de la campaña presidencial del hoy mandatario.

Los documentos describen que el general retirado supuestamente ofrecía:

  • Gestionar permisos para porte de armas
  • Facilitar movilidad de guerrilleros con órdenes de captura
  • Activar contactos para evitar requisas en retenes

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