Un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humnitario precluyó la investigación a tres oficiales del Ejército, quienes fueron vinculados al proceso como supuestos determinadores de los homicidios de tres sindicalistas en Arauca.
De acuerdo con la decisión del fiscal instructor, en contra del teniente coronel Luis Francisco Medina, y de los mayores Hisnardo Alberto Bravo Zambrano y Eduardo Castillo Arbeláez, adscritos al Batallón Reveis Pizarro, no hay pruebas de que hubieran impartido órdenes a los autores materiales para ultimar a los sindicalistas.
Así mismo, el fiscal del caso compulsó copias para que esos oficiales sean investigados por su presunta responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento. Según lo establecido, Medina era el comandante del Batallón, Bravo fue jefe de operaciones, y Castillo estaba encargado de la sección de inteligencia.
EN CAÑO SECO
Los hechos que originaron el proceso ocurrieron el 5 de agosto de 2004 en Caño Seco, jurisdicción de Saravena, donde una patrulla del Ejército sacó de una vivienda a los sindicalistas Jorge Eduardo Prieto Chamucero, Leonel Goyeneche Goyeneche y Héctor Alirio Martínez; y los asesinó. Posteriormente, las víctimas fueron presentadas como integrantes del ELN.
Los autores materiales de esos crímenes fueron: Juan Pablo Ordóñez, subteniente; los soldados profesionales John Alejandro Hernández, Oscar Saúl Cuta y Walter Loaiza Culma, y el particular Daniel Caballero (guía e informante). A estas personas el Tribunal Superior de Bogotá les confirmó, 26 de agosto de 2009, la condena a 40 años de prisión impuesta por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado-OIT- de Bogotá.
