Colombia mantendrá la prohibición total del glifosato en la lucha contra el narcotráfico, a pesar de la sugerencia del presidente Gustavo Petro de regresar a la aspersión aérea del agroquímico en zonas donde ‘la ciudadanía ataque al Ejército’.
El Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, argumenta que las limitaciones constitucionales, los riesgos para la salud pública y el medio ambiente, y el principio de precaución hacen que la reanudación de esta forma de erradicación de cultivos ilícitos sea inviable.
“Dadas las limitaciones constitucionales, que ya ha dado la Corte Constitucional y que surge de la teoría de los derechos fundamentales, es un camino a recorrer supremamente difícil. Hay un planteamiento del presidente de la República, pero no es un camino fácil. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque no puede convertirse la utilización del glifosato en una política generalizada. Si llegara a utilizarse nuevamente y en forma excepcional esa política, pues no puede ser generalizada y tiene que ser excepcional. En segundo lugar, en virtud del principio de proporcionalidad y específicamente el subprincipio de necesidad, cuando se utilice el glifosato tendrían que utilizarse mecanismos que disminuyan sensiblemente el daño en la aspersión”.
Agregó Montealegre: “tal vez la más difícil de cumplir es que la utilización de la aspersión tiene evidencia científica de que es cancerígena. Y en virtud de un derecho, que yo podría decir que es un principio constitucional también, que rige las políticas públicas frente a la prevención de daños, así no exista certeza de que produce el daño a la vida, la sola probabilidad de riesgo impide la utilización del glifosato.”
“Colombia tendrá que mantener su prohibición total del glifosato y sólo en circunstancias extraordinarias, cuando se cumplan estos principios podría darse un giro radical en la lucha contra el narcotráfico”, concluyó el jefe de la cartera de Justicia.
Esta decisión se toma ad portas de conocer la decisión de Estados Unidos sobre la certificación de Colombia en la lucha antidrogas, la cual podría resultar en una descertificación con graves consecuencias para el país.
