Desde el pasado 3 de enero, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, ordenó desplegar un plan de intervención urgente en el departamento de Arauca, con el fin de garantizar los derechos y las rutas de atención adecuadas por parte de las entidades territoriales y entes del Estado, para los ciudadanos colombianos y venezolanos que están siendo víctimas de desplazamiento forzado y violencia, por cuenta de los enfrentamientos armados que se registran entre grupos ilegales (Disidencias de las Farc y ELN), en los municipios de Tame, Saravena, Fortul, Arauquita y Arauca capital, zona fronteriza con Venezuela.
La comisión especial de profesionales del Ministerio Público, liderada por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y la Procuraduría Regional de Arauca, está haciendo presencia de manera permanente en estos municipios, para atender a las personas y familias que llegan desplazadas de las diferentes zonas rurales y de la línea fronteriza, para verificar su ingreso efectivo a la ruta de atención estatal dispuesta para protegerlos y solventar sus necesidades.
Según los más recientes reportes recaudados por dicha comisión de la Procuraduría, se han atendido las declaraciones de 105 familias desplazadas, lo que equivale al 51% del total de atenciones (206) realizadas hasta el miércoles 12 de enero.
También han recibido, hasta el momento, cuatro (4) declaraciones masivas, es decir, de comunidades enteras que debieron desplazarse por cuenta de los enfrentamientos, todas ellas en el municipio de Tame.
Si bien estas declaraciones son el primer paso para recibir la atención estatal, allí no termina la labor de la Procuraduría. La entidad continúa verificando el cumplimiento de los protocolos de atención y la respuesta institucional adecuada.
Por eso, se han realizado ocho (8) espacios de diálogo con la sociedad civil y 15 más de seguimiento a la respuesta institucional, para conocer de primera mano cómo avanza la problemática social y gestionar el ajuste de los protocolos y rutas de atención de las entidades, con el fin de resolver de manera efectiva cada situación.
De otra parte, las procuradurías delegadas para el Seguimiento al Acuerdo de Paz y para la Defensa de los Derechos Humanos han requerido por escrito a alcaldes y personeros de los municipios mencionados, solicitando informes oficiales sobre las gestiones desarrolladas frente a la crisis humanitaria.
También, a las Fuerzas Militares y a la Unidad para las Víctimas para que activen los diferentes protocolos de atención y dispongan de los recursos económicos, físicos y humanos necesarios para atender la emergencia.
Agenda de verificación
Por instrucciones de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, el procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, se traslada este viernes al departamento de Arauca para continuar con la misión institucional, sostener mesas de trabajo con representantes de organizaciones de la sociedad civil y autoridades regionales y locales, y tomar acciones institucionales frente a esta situación crítica social.
