Este miércoles 4 de septiembre, el presidente Gustavo Petro realizó una alocución presidencial en la que denunció que el Gobierno del expresidente Iván Duque “compró” el software de espionaje israelí ‘Pegásus’, a través de la Dirección de Inteligencia Policíal de Colombia (DIPOL), por un monto de 11 millones de dólares.
Dicho sóftware, según indicó el presidente, está diseñado para “espiar celulares”, y la compra se habría dado en medio del estallido social del 2021, y en la antesala de la campaña presidencial. Por eso, cuestionó el mandatario si la compra fue “para espiar comunicaciones privadas, políticas, quizás durante meses, a los del principal partido de oposición de entonces, que terminó siendo la primera fuerza política del país, con su candidato presidencial ahora presidente”.
Ante esta denuncia, el jefe de Estado solicitó al director de la UIAF que entregue la información a la fiscal general de la Nación, y al comandante de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, que “encuentre el software, dentro o fuera de la DIPOL, y se la entregue a la Fiscalía General de la Nación, para que la ciudadanía pueda tener tranquilidad de que sus derechos sean respetados por el Estado”. Dijo, además, que si es necesario acudirán a expertos internacionales.
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El mandatario cerró su intervención preguntándose: “¿A quiénes más interceptaron?, ¿con qué orden judicial, como ordena la Constitución para que esas interferencias no sean delito?, ¿de dónde salió el dinero? ¿por qué no se oficializó en el Presupuesto Nacional? ¿Es un lavado de activo hecho desde nuestro propio Estado, para interferir las comunicaciones… de quiénes?”.
Ahora bien, a finales de marzo de este año, el medio israelí Haaretz había revelado esta misma denuncia, asegurando que el Gobierno Duque había pagado era 13 millones de dólares. Sin embargo, en su momento, Caracol Radio consultó a miembros de la administración pasada, quienes negaron que es compra se hubiera realizado.
Las explicaciones que habían dado en su momento fuentes del Gobierno Duque es que ni siquiera posible que se haya llevado a cabo, debido a que las adquisiciones de ese tipo siempre debían ser ‘avaladas’ primero por Estados Unidos, por su acompañamiento en materia de inteligencia y seguimiento. Además, señalaban que ese tipo de compra debe realizarse por la Fiscalía General de la Nación, “que es la encargada de utilizar este tipo de equipos de inteligencia, y no el Ministerio de Defensa”.
