Aidée Castillo, representante de Derechos Humanos del Oriente Colombiano capítulo Arauca, expresó su malestar por la petición que hizo el exmiembro del ejército nacional, Subteniente Raúl Muñoz de llegar a la Justicia Especial de Paz JEP.
Según la vocera de esta organización dijo que la JEP fue creada dentro del acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, donde existen unos límites y funciones establecidas en el ámbito nacional e internacional para que las personas puedan acceder a ser juzgadas por esta jurisdicción. Argumenta que el hecho cometido por el suboficial del ejército no cabe y que lo que busca es un oportunismo y que como tal Raúl Muñoz debe continuar siendo juzgado por la ley ordinaria que lo condenó a 60 años de prisión, la máxima pena establecida en Colombia.
Por su parte, el abogado defensor de las víctimas, Ramón del Carmen Garcés, manifestó que es una petición descabellada la que hace este exmiembro del ejército nacional, debido a que la Justicia Especial de Paz fue creada mediante un proceso de paz y sintetiza todo el tema que se tuvo durante el conflicto, tanto de la guerrilla, como de los militares.
Consideró que el hecho cometido por el militar no está contemplado dentro de los delitos que tienen que ver con el conflicto y que lo más probable es que la JEP rechace la petición que hizo el abogado representante de Raúl Muñoz y no sea favorecido con su vinculación con penas más benévolas debido a que fue un acto de delincuencia común y no tuvo nada que ver con los delitos de confrontación armada, considerando que es un hecho aislado e individual y no está motivado no dentro del contexto armado que ha vivido el país.
La petición de información ante ese organismo fue confirmada en un documento firmado por Íngrid Karola Palacios Ortega, de la Secretaría General Judicial de la JEP.
El crimen de los hermanos Torres, Yenny, de 14 años; Jimmy, de nueve años, y Jeferson, de seis, conmocionó al país por la crueldad y sevicia con la que el entonces comandante de dos pelotones contraguerrilla actuó contra los menores, hijos de un agricultor de la zona para finales del mes de octubre de 2010.
