El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, expresó que los policías en Colombia “no miran, no ven” lo que sucede en el país, donde, según el funcionario, se han refugiado integrantes de la banda criminal Tren de Aragua, extendida por varias naciones latinoamericanas, entre otros delincuentes.
“Hemos descubierto cómo muchos de estos sujetos se han refugiado en Colombia, donde pareciera que los organismos policiales no miran, no ven lo que ocurre a su alrededor”, expresó el titular del Ministerio Público (MP, Fiscalía), durante una actividad de la institución en Caracas.
Entre esos “prófugos de la Justicia” venezolana, Saab mencionó a un sujeto con el alias ‘el Conas’, a quien acusó de “la voladura de la fachada del Palacio de Justicia de Maracaibo”, capital del estado Zulia en 2022.
“Todo el mundo sabe que está en Colombia, hemos solicitado que nos lo entreguen, incluso, este sujeto, en varios audios y videos, me amenazó, amenazó mi integridad física, la de fiscales y jueces por estar nosotros actuando en base a lo que establece la ley”, agregó.
El Ministerio Público pidió entregar a los miembros del Tren de Aragua que estén detenidos en el exterior para que sean procesados por las autoridades del país caribeño y “reciban la máxima pena”, que es de 30 años de cárcel.
El lunes, el fiscal, que da por desmantelado el Tren de Aragua en su país, señaló que “una de las barreras que han impedido mayor avance en el juzgamiento de los integrantes” de esta banda es “el cobijo que reciben en territorio colombiano”, al tiempo que responsabilizó a los exmandatarios Álvaro Uribe e Iván Duque de permitir la entrada de estos criminales en la nación andina.
El pasado 16 de enero, Saab instó al presidente colombiano, Gustavo Petro, a ocuparse de los “múltiples y graves problemas” que tiene, luego de que el gobernante celebró la excarcelación del director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, en Caracas.
En respuesta, Petro llamó a ocuparse de “los grandes problemas de la humanidad”, y se señaló como “responsable de la vida y dignidad de un millón de venezolanos”, en aparente referencia a los cerca de tres millones de migrantes establecidos en Colombia