La Inspección de Policía envió notificación de desalojo para este 14 de septiembre, a las personas más de 400 familias ubicadas en el asentamiento ilegal El Refugio en el Municipio de Arauca.
Éste asentamiento ilegal está ubicado en la vía al puente internacional, donde más de 1.200 personas de diferentes lugares del país, se apropiaron de un terreno destinado por el gobierno seccional para la construcción de las oficinas del CENAF, que a la fecha solo se ha quedado en estudios y compromisos, porque aunque existen los recursos para su realización, entre la situación de frontera y la invasión, está en veremos dicha construcción del Centro de Atención Fronterizo – CENAF, en arauca el cual cumple el mismo papel que su homólogo venezolano conocido como el Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria – SENIAT en el Amparo -Estado Apure,cuyas instalaciones ya fueron construidas.
La invasión El Refugio, que inició con 40 familias hace más de dos años, recibieron la promesa del gobernador Ricardo Alvarado de ser reubicados; en menos de nada se extendió por todo el sector la noticia de casas nuevas y de 200 personas, hoy ya se habla de 1.200, superando las 400 familias.
Muchas de estas personas son desplazadas de otros departamentos y de los demás municipios, pero a esta situación se suma un gran número de familias de nacionalidad venezolana que se ubicaron en este lugar, engrosando aún más el número de necesitados de una vivienda digna que viven en este asentamiento ilegal.
El problema sigue en aumento, dado que los servicios públicos (agua potable, saneamiento básico y energía eléctrica) no están legalizados y terminan ocasionando sobrecargas e interrupciones en el transformador ubicado en el sector, que es el mismo que presta el servicio a la planta de trasmisión de la emisora La Voz del Cinaruco, sacándola del aire por intervalos algunas veces largos, debido a las caidas en el servicio.
Lo que se avecina frente a esta decisión, es que estas personas no están dispuestas a salir del lugar sin que haya un acuerdo que les favorezca, por lo menos a las familias colombianas sobre el compromiso de una vivienda. Están decididos a irse a las vías de hecho, de ser necesario, para ser escuchados, aunque ya están informados de esta situación la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal, por parte de los voceros de estas comunidades.
