Maarit Kohonen, directora de Operaciones Globales de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, presentó en Ginebra, Suiza, el informe de la oficina sobre Colombia.
Kohonen expresó su preocupación por la persistente violencia de los grupos armados no estatales contra la población civil. “Afecta desproporcionadamente a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas”, explicó la directora.
En ese sentido, reiteró la necesidad de la presencia integral del Estado en todo el territorio nacional y pidió al gobierno acelerar la implementación del Acuerdo de Paz. Kohonen exhortó a aumentar las medidas de protección de los defensores de derechos humanos, subrayando que corren especial riesgo aquellas dedicadas a reivindicaciones medioambientales.
La representante de la oficina del alto comisionado felicitó a Colombia por resultar elegida por primera vez como uno de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos, para un mandato de tres años que finalizará en 2027.
También, aplaudió el programa de transformación de la policía colombiana, encaminado a fortalecer el respeto de los derechos humanos, y los avances del país en justicia transicional, “incluyendo las imputaciones recientes de crímenes de guerra y lesa humanidad a excomandantes de las FARC-EP y exmilitares de alto rango”.
“Frente a la magnitud de las desapariciones forzadas en el marco del conflicto y de la persistencia de este crimen, destacamos también la importancia de la nueva ley sobre las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada. Esta ley establece un marco inédito en América latina”, concluyó.
El informe reporta que en 2024 se verificaron al menos 89 homicidios de defensores de las libertades fundamentales, se registraron al menos 72 masacres y se observó un incremento del reclutamiento de niños en grupos armados con 216 casos verificados, la mayoría indígenas.
