La Procuraduría General de la Nación abrió una nueva investigación disciplinaria al actual gobernador, Ricardo Alvarado Bestene, a la secretaria de Educación Gladys Yolanda Montes Ovalles, al gerente de Contratación Edgar Alfonso Cadena Díaz, y al funcionario Rubén Darío Bustamante, Supervisor del contrato de suministro 516 de 2016, cuyo objeto era la “Implementación del Programa de Alimentación Escolar en las instituciones y centros educativos del departamento de Arauca”, por valor de $991 millones 165 mil 565 pesos.
Al parecer, en el negocio jurídico, que buscaba beneficiar a 8.037 estudiantes, se pudieron presentar irregularidades en el proceso de subasta 0614-2016, relacionadas con presuntas deficiencias técnicas, sobrecostos y anomalías en la adjudicación, ejecución y supervisión del contrato, entre otros.
En otro proceso, la Procuraduría también investiga al gobernador, a su Secretaria de Educación, a la representante legal de CML Ingeniería y Consultorías SAS, Marisol Garrido Garzón y a la supervisora del Contrato de Interventoría No. 003 de 2016, por hechos relacionados con la intoxicación de más de 300 niños y niñas, al parecer, por ingerir alimentos suministrados por el PAE mediante el Contrato No. 02 de 2016, cuyo valor ascendió a $123 millones 008 mil 778 pesos.
Pero ¿quiénes son los responsables de las firmas contratistas que ejecutaron estos proyectos? Aquí los relacionamos:
El 24 de junio de 2016, se firma el Contrato 174 cuyo objeto era el “Apoyo al programa de alimentación escolar en las instituciones y centros educativos del departamento de Arauca” por un valor de $8.671 millones 798 mil 463 pesos y 20 centavos. Quienes se hicieron acreedores a él, fue la Unión Temporal Alimentar 2016, conformada por Kambiar Colombia SAS con una participación del 80% y representada legalmente por Juan Carlos Manosalva Carvajal, y con el 20% restante la Cooperativa para el Desarrollo Social Integral – SOINCOOP, representada legalmente por José Jefferson Rodríguez Briceño.
Este contrato 174, tuvo un adicional de valor por $4.335 millones 899 mil 231 pesos con 60 centavos, lo que significa que el valor total de dicho contrato estuvo por el orden de más de $13 mil millones de pesos.
Aunado a lo anterior, debemos recordar que el socio mayoritario de la unión temporal, es decir el ingeniero Juan Carlos Manosalva, había sido multado con el pago de $344 millones de pesos, debido a irregularidades presentadas con la vía del Monumento al Coleo hasta la terminal de la OXY, obra que fue pactada para entregarse en seis meses y tardó más de dos años en culminarse y donde se presentó la caída de 54 árboles ubicados en el separador de la misma.
Sin embargo la sanción fue revocada por la gobernación de Alvarado Bestene y pocas semanas después, le adjudicó el millonario contrato de alimentación escolar al cuestionado contratista.
Sin embargo para la Procuraduría el siguiente contrato fue el que ameritó apertura de investigación disciplinaria; se trata del Contrato No. 516 de 2016, cuya licitación fue ganada por el Consorcio Alimentación Saludable en las Escuelas, integrado por Omar Gómez Carreño con un 60% de participación y con el 40% restante, el Grupo Arión SAS, representado legalmente por José Miguel Angarita Trigos, quien a su vez representó legalmente al Consorcio. Este contrato fue firmado el 23 de diciembre de 2016 y recibido a satisfacción por la administración departamental.
En total son tres las investigaciones que adelanta la Procuraduría Nacional en contra de la administración departamental y que se relacionan directamente con el Programa de Alimentación Escolar, en las distintas vigencias del gobierno del médico Ricardo Alvarado Bestene.
