La Procuraduría General de la Nación expidió la Directiva 012 de 2025, mediante la cual se establecen lineamientos de obligatorio cumplimiento para asegurar el acceso de las víctimas del conflicto armado al proceso de declaración.
Teniendo en cuenta, que se trata de una condición esencial para su inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV) y el acceso a las medidas previstas en la Ley 1448 de 2011 y sus modificaciones.
La nueva directiva está dirigida a personerías municipales y distritales, la Defensoría del Pueblo, procuradurías regionales, provinciales y distritales, así como al Ministerio de Relaciones Exteriores, en especial a las embajadas y consulados que atienden víctimas en el exterior.
En ese sentido, la entidad advierte que no se podrá negar bajo ningún concepto la recepción de declaraciones por considerarlas extemporáneas, siendo la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) la única autoridad competente para evaluar las circunstancias de los hechos victimizantes.
La directiva también establece que se deben priorizar las declaraciones de personas desplazadas forzadamente dentro de los tres meses posteriores al hecho, a fin de garantizar el acceso oportuno a la Atención Humanitaria Inmediata.
Entre otros aspectos clave, el documento refuerza la obligación de aplicar un enfoque diferencial, que contemple pertinencia étnica, de género y discapacidad, e insiste en la disponibilidad de intérpretes y personal capacitado cuando sea necesario.
Además, dicen que las fallas tecnológicas no pueden ser excusa para negar la atención, debiéndose usar el Formato Único de Declaración (FUD) en físico si es preciso.
La Procuraduría también afirma que es importante que los funcionarios encargados mantengan absoluta confidencialidad y trato digno hacia las víctimas, participen en capacitaciones permanentes y reporten periódicamente las gestiones realizadas para superar barreras en el proceso de atención.
Según la Procuraduría, la toma de declaración a víctimas del conflicto es una actividad permanente y obligatoria para el Ministerio Público y las representaciones diplomáticas.
