En la Casa de Nariño el presidente Gustavo Petro posesionó a Patricia Tobón Yagarí en la dirección de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, un evento en el que pidió que se acelere la reparación de los afectados por la violencia en el país. Durante su discurso, el mandatario aseguró que en el país no hubo voluntad de reparación e incluso aseguró que “si se continúa el ritmo de los gobiernos anteriores, se tomaría más de 100 años en poder reparar a las víctimas”.
“Duraríamos casi un siglo en reparar las víctimas, no ha existido la voluntad política de hacerlo. Y básicamente porque tiene que ver con la restitución de las tierras, porque al final este conflicto y la violencia permanente tienen que ver con la tierra y eso no se ha resuelto. Se mantiene una mentalidad feudal, arcaica y sanguinaria”, aseveró el presidente.
Sobre esto la nueva directora aseguró que el Comité de seguimiento y monitoreo a la ley de víctimas han evidenciado el déficit del cumplimiento.
“Es necesario poder liderar esa articulación, pero también dar cuenta en qué y cómo se ha gastado el recurso público frente a la atención de víctimas, qué ha ocurrido con los derechos de las víctimas de este país. El incumplimiento es muchísimo, el acceso a las indemnizaciones, la reparación colectiva es irrisoria”, añadió.
Reparación de víctimas de la violencia costaría unos $301 billones. La cifra fue revelada por la Contraloría General de la República, que informó que en los últimos 10 años se han destinado $ 146 billones
La implementación de la reparación de las víctimas de la violencia y la población étnica requiere de una inversión del Gobierno nacional por más de $301 billones.
La confirmación fue hecha por la Vice-contralora, Lina María Aldana Acevedo quien manifestó que los recursos ejecutados entre el 2002 y 2021 por $ 146 billones, han sido insuficientes para atender a los 9 millones de personas víctimas de la violencia.
Dijo que la indemnización individual y colectiva se van a requerir unos $ 74 billones, en vivienda $ 53 billones, en generación de ingresos $ 15 billones y en el plan de retornos unos $ 13 billones.
Comentó que el presupuesto general para pueblos étnicos se incrementó entre 2020 y 2021 en 53%, el orientado específicamente a las víctimas de estas comunidades se redujo en 23%. Se requerirían aproximadamente $3,4 billones para la atención psicosocial, la indemnización colectiva, la implementación de los planes de reparación y el retorno y reubicación de víctimas étnicas.
El informe indica que desde la entrada en vigor de la Ley 1448 de 2011, solo se han indemnizado el 12% de la población, quedando pendientes 8.813.711 millones de víctimas. En cuanto a la indemnización colectiva de los pueblos étnicos, se resalta que pese a las inversiones de $19 mil millones en los últimos diez años, solo se ha logrado indemnizar a 12% de las comunidades indígenas y al 9% de las comunidades afrocolombianas.
Se recomienda aumentar la oferta de vivienda digna para los hogares de víctimas de desplazamiento forzado, pues se ha identificado que más del 80% de estas no gozan del derecho. Frente a proyectos de vivienda urbana, desarrollados entre 2012 y 2021, se encontró un rezago en la entrega de 14.010 viviendas urbanas, y para vivienda rural un atraso de 21.599 sin terminar.
