Un verdadero remezón se podría venir en los próximos días en las diferentes seccionales de la Procuraduría en todo el país, incluida la del departamento de Arauca, por cuenta de los nuevos nombramientos ordenados por el titular del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado.
La medida se antepone al proceso electoral que tendrá lugar en marzo y mayo del próximo año y en su facultad de nombrar y remover libremente a sus funcionarios, Ordóñez Maldonado ordenó varios cambios en las procuradurías regionales y provinciales del país.
En el caso específico de Norte de Santander se supo que el procurador Regional, Nelson Uriel Flórez Alarcón, quien cumplió ocho años en el cargo, fue nombrado en la Procuraduría Regional de Arauca. A su vez, la titular de ese despacho, Janeth Cecilia González Cabrera, deberá asumir la Regional de Norte de Santander.
De acuerdo con el acta de nombramientos, los procuradores tendrán hasta el próximo miércoles para decidir si aceptan o declinan la designación.
En caso de que la respuesta sea negativa, los funcionarios deberán apartarse de su cargo y en su remplazo se procederá al nombramiento de una nueva persona.
Quienes acepten los nuevos nombramientos deberán posesionarse los primeros días de agosto. Sin embargo, se conoció que los procuradores de todo el país estarían preparando una carta conjunta, mediante la que solicitan una prórroga de 15 días para asumir sus nuevas seccionales. De ser así, la posesión se prolongaría hasta los primeros días de agosto.
Procuraduría afirma no tener recursos para acatar fallo
La Procuraduría General de la Nación advirtió en días anteriores que no cuenta con los recursos económicos necesarios para acatar un fallo de la Corte Constitucional que le ordenó realizar un concurso público para la designación en propiedad de los cargos de Procurador Judicial.
Por esta razón, le solicitó al alto tribunal que inicie un incidente de impacto fiscal con respecto a la Sentencia C-101 de 2013 y se convoque a una audiencia pública en la que la Procuraduría pueda explicar por qué tendría que moderarse el fallo y así no afectar las finanzas de ese organismo de control.
Y es que para el Ministerio Público, la implementación de la carrera administrativa para los cargos de procuradores Judiciales requiere la creación de un órgano que pueda administrar la misma y que cuente con recursos adecuados para operar.