La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, alertó sobre la necesidad de que Colombia implemente dos líneas de seguimiento electoral ante el contexto de inseguridad y expansión de grupos armados en las zonas fronterizas con Venezuela.
“Colombia debería tener dos líneas de seguimiento electoral: una habitual, que hacemos en todo el territorio y en zonas urbanas, y otra especializada, enfocada en frontera”, explicó Barrios. “No es por los venezolanos que están entrando al país, sino por la expansión del ELN hacia La Guajira, Arauca y Vichada, y la situación de seguridad en la frontera con Venezuela”.
Según la directora de la MOE, este seguimiento no busca promover un cierre fronterizo, sino responder a los riesgos de seguridad y de financiación ilegal que afectan los procesos electorales.
“Venezuela está dolarizada, y nuestros procesos electorales son lamentablemente un lavadero de activos. Necesitamos observar los dos fenómenos: el de violencia y el de financiación ilegal”, enfatizó.
Barrios señaló que el actual contexto refleja un reconocimiento del conflicto armado más fuerte, lo que tiene consecuencias directas sobre la participación ciudadana.
“Cuando hay un reconocimiento del conflicto tan fuerte, los ciudadanos tienen miedo de salir a votar, por temor a ser declarados objetivo militar. Los candidatos no hacen suficiente campaña y los jurados de votación, que son ciudadanos comunes, también requieren garantías para ejercer su labor”, explicó.
La directora de la MOE advirtió que, en la recta final antes de las elecciones, será clave evaluar las condiciones de seguridad de los puestos de votación, especialmente en zonas de riesgo.
“Muy posiblemente, una semana antes de las elecciones se empezará a analizar la situación de seguridad de los puestos. La ONU, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Registraduría deberían sentarse a definir, ojalá desde antes, los criterios para levantar o trasladar una mesa de votación”, dijo.
La directora de la MOE insistió en que las decisiones de traslado de puestos de votación deben tomarse con criterios claros y con plena conciencia de su impacto político.
“Cada traslado no es solo una decisión de orden público, también tiene un impacto político. Si yo tengo mi puesto de votación en el parque de la 93 y lo trasladan a otro punto, pierdo a mis votantes habituales. Por eso es fundamental revisar bien cuáles son esos puestos y bajo qué criterios se hace el cambio”, advirtió.
