El Gobierno Nacional advirtió que emprenderá acciones jurídicas contra los gobernadores que se nieguen a aplicar los decretos expedidos en el marco de la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro. Así lo aseguró el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, al responder a la posición asumida por 17 mandatarios departamentales.
Según Idárraga, el anuncio de los gobernadores de no acatar los decretos constituye un “exabrupto jurídico”. El funcionario explicó que, dependiendo de los actos administrativos que expida cada gobernación para materializar esa decisión, el Gobierno evaluará las acciones legales correspondientes.
El ministro fue enfático en señalar que los gobernadores no tienen competencia para cuestionar la validez de los decretos de emergencia, pues esa función es exclusiva de la Corte Constitucional. A su juicio, intentar desconocerlos mediante una excepción de inconstitucionalidad tampoco sería procedente y podría implicar una usurpación de funciones y un desconocimiento de la Constitución Política.
Mientras tanto, desde la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) se anunció que fue radicada ante la Corte Constitucional una coadyuvancia a la solicitud de medida cautelar presentada por la Alcaldía de Medellín. En ella se pide la suspensión provisional del Decreto 1390 de 2025, que declaró el Estado de Emergencia Económica y Social.
Asocapitales considera que las razones expuestas por el Gobierno no cumplen con los requisitos de sobreviniencia, imprevisibilidad y gravedad exigidos por el artículo 215 de la Constitución, al tratarse —según señalan— de problemas estructurales y previsibles que deberían resolverse con mecanismos ordinarios. Por ello, también solicitaron suspender los efectos del Decreto 1474 de 2025 y de otros que se deriven de la declaratoria de emergencia.
En la misma línea, la Federación Nacional de Departamentos (FND) informó que, con su acompañamiento, los gobernadores analizarán de manera urgente un mecanismo jurídico para frenar los efectos del Decreto 1474 de 2025, especialmente en lo relacionado con el aumento del Impuesto al Consumo y el incremento del IVA del 5 % al 19 %, mientras la Corte Constitucional se pronuncia de fondo.
La FND advirtió que estas medidas podrían poner en riesgo la sostenibilidad financiera de los departamentos y afectar la prestación de servicios esenciales como la salud, la educación y el deporte. Además, los gobernadores solicitarán un espacio de intervención ante la Corte Constitucional y designaron una comisión de voceros para representar a los territorios en este proceso.
