Ante las preocupaciones sobre posibles interceptaciones ilegales durante el gobierno de Gustavo Petro, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, dieron algunas declaraciones sobre el tema y las medidas tomadas al respecto.
El ministro Velásquez informó que se reunió con la fiscal general de la nación para discutir las acusaciones de interceptaciones ilegales. “Estuvimos examinando de acuerdo a lo que hablábamos sobre posibilidades de interceptaciones ilegales, hicimos un repaso con cada uno de los organismos de inteligencia respecto de los controles que tienen establecidos para que todas sus operaciones sean absolutamente legales”, señaló Velásquez.
Además, destacó la importancia de realizar investigaciones rigurosas para despejar cualquier duda, indicando que todas las agencias de inteligencia y la Policía Nacional se han puesto a disposición de la Fiscalía para colaborar en la investigación.
En relación con el software Pegasus, el ministro Velásquez mencionó que “lo de Pegasus está en manos de particulares, como se está insinuando de antiguos funcionarios”, y reafirmó el compromiso de mantener todas las operaciones dentro del marco de la legalidad.
Por su parte, el general William Salamanca enfatizó que no se tiene conocimiento ni se están adelantando investigaciones internas sobre interceptaciones ilegales. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para reiterar las instrucciones del presidente de la República y el ministro de Defensa.
“La labor de la policía con sus capacidades seguidas siempre la constitución y la ley y esa instrucción la he impartido al interior de la policía”, afirmó Salamanca. También subrayó la disposición de la Policía Nacional para proteger a la oposición, la prensa y la justicia.
Ambos funcionarios han asegurado que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la transparencia y legalidad en las operaciones de inteligencia, y han manifestado su total colaboración con la Fiscalía General de la Nación para esclarecer los hechos y asegurar la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
