En una audiencia ante la Corte Constitucional, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, criticó duramente al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y afirmó que Colombia debe estar preparada para enfrentar al grupo insurgente con toda la capacidad institucional disponible. “Es crucial entender que debemos enfrentarlos con todas nuestras fuerzas, no solo las militares y policiales, sino también con una fuerte presencia institucional”, explicó.
Asimismo, destacó que el ELN quedó políticamente sepultado en el Catatumbo, “junto a los cientos de campesinos y líderes sociales que fueron víctimas de la masacre y la barbarie ocurridas en las últimas semanas”.
El consejero para la Paz, Otty Patiño, señaló que los crímenes cometidos son los más difíciles de resolver para avanzar hacia una verdadera paz en Colombia. Según Patiño, “uno de los pretextos para mantener la violencia es la falta de garantías por parte del Estado, lo que lleva a la legitimación del uso de las armas, debido a las muertes y crímenes contra aquellos que han hecho la paz o están en proceso de hacerlo”.
Sin embargo, Patiño también subrayó que no se realizó un análisis suficientemente profundo de las alertas emitidas al inicio de la crisis en el Catatumbo por la Defensoría del Pueblo. “Si hubiésemos tenido un equipo más robusto de análisis territorial y alertas tempranas, probablemente habríamos podido prevenir la situación”, concluyó.
Por su parte, la magistrada Cristina Pardo informó que, a 29 de enero de 2025, se desconoce el paradero de 10 firmantes del acuerdo de paz. Además, reveló que 153 firmantes y sus familias han sido desplazados de manera forzada, mientras que 35 asignatarios se encuentran confinados. “También podemos confirmar que hasta 52,000 personas han sido desplazadas en el Catatumbo”, una situación que calificó como inaceptable.
