Un balance favorable en materia de lesionados por pólvora, pero con una alta demanda de atención por accidentes de tránsito, fue el reporte entregado por el Hospital del Sarare tras las actividades de fin de año en el municipio de Saravena.
El subgerente científico encargado de la institución, Adrián Puertas, informó que durante la temporada decembrina se registraron cuatro personas lesionadas por pólvora, una cifra inferior a la reportada en años anteriores. De estos casos, solo uno correspondió a una menor de edad, quien resultó afectada por la manipulación de pólvora por parte de un tercero y no por acción directa propia ni de su familia.
En contraste, el servicio de urgencias del hospital atendió 87 personas lesionadas en accidentes de tránsito. De ese total, 32 pacientes fueron facturados a través del convenio ADRES, debido a que no contaban con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) al momento de recibir la atención médica.
El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía sobre la importancia de contar con el SOAT vigente, al advertir que, aunque el ADRES cubre inicialmente la atención, posteriormente adelanta procesos de cobro coactivo contra los responsables.
“Ya existen casos de personas atendidas hace dos o tres años que hoy enfrentan embargos de cuentas y bienes por estos recobros. Es importante aclarar que el hospital no realiza ningún cobro directo; estos procesos los adelanta una entidad estatal”, explicó Puertas.
El subgerente precisó que el ADRES no realiza cobros en situaciones relacionadas con eventos catastróficos, como explosiones o acciones armadas, ni cuando se trata de peatones o ciclistas atropellados por vehículos que se dan a la fuga. Sin embargo, los cobros sí aplican para conductores y pasajeros de motocicletas o vehículos sin SOAT vigente.
Finalmente, Puertas advirtió que los pacientes atendidos bajo la figura del ADRES suelen enfrentar dificultades en los procesos de remisión, ya que varias instituciones de salud en el país son renuentes a recibirlos debido a problemas administrativos en los recobros, lo que puede retrasar la atención especializada y afectar su evolución clínica.
