Ilvia Myriam Hoyos Castañeda, Procuradora Delegada para la Infancia, Adolescencia, Juventud y la Familia fue comisionada por el Procurador General de la Nación para conocer las actuaciones de la administración departamental y municipales de la zona de frontera en cuanto a la atención de los deportados por Venezuela y quienes de manera voluntaria decidieron retornar a Arauca.
Con preocupación la funcionaria conoció lo que está pasando con la atención a los connacionales, por lo que se reunió con representantes de otras entidades del Estado porque a juicio de la procuradora se requiere una mayor coordinación para lograr objetivos precisos.
Hoyos Castañeda, reveló que en todo este proceso ha estado la Unidad de Víctimas, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema ANSPE, la propia policía nacional, por lo que a juicio de la Procuraduría ha falta coordinación, articulación e información para con los connacionales que regresan voluntariamente o son deportados y no se cuenten con planes de contingencia.
Frente a los albergues temporales implementados en Arauquita y Saravena, se espera que se tengan mayores elementos de juicio para impartir algunas recomendaciones a las autoridades del orden nacional, departamental y municipales para atender una crisis que necesita una actuación coordinada por parte de las entidades del Estado.
Para el caso del municipio de Arauca, se estableció que no se requiere un albergue temporal, pero que las entidades deben informar a los afectados de las diferentes ayudas que están ofreciendo las entidades del gobierno y se articulen las entidades a una crisis que tiene dimensión distinta a lo ocurrido con Norte de Santander y La Guajira.
