La senadora y precandidata presidencial, Maria Fernanda Cabal, envió una comunicación oficial al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, solicitando cooperación internacional para investigar posibles conexiones entre estructuras criminales y actores políticos cercanos al gobierno de Colombia.
La carta fue difundida por la propia senadora a través de sus redes sociales, donde afirmó que busca esclarecer “los nexos que habría entre las FARC de alias Calarcá, la campaña Petro y miembros de su gobierno”.
¿Qué dice la carta enviada al Departamento de Estado de EE. UU.?
En el documento dirigido a Rubio, Cabal advierte sobre una “situación de extrema gravedad” que, según ella, comprometería la estabilidad democrática de Colombia y la seguridad hemisférica.
La senadora cito la investigación realizada por noticias caracol, la cual, según su carta, habría revelado una red de presunta complicidad entre disidencias de las FARC y figuras políticas del actual gobierno.
Entre los puntos señalados en la misiva se incluyen:
• Intercambios de comunicaciones entre cabecillas insurgentes y funcionarios activos del Estado.
• Presunta participación de alias Iván Mordisco en la financiación de campañas políticas.
• La mención de otros supuestos actores, como alias “Mayimbú”.
• La referencia a material incautado por las Fuerzas Militares que contendría evidencia de dichos contactos.
Mención a actores internacionales
La senadora también expone en su comunicación la existencia de presuntos vínculos con un empresario de origen chino, a quien asocia con redes de tráfico ilegal de armas y compra de oro, sugiriendo posibles ramificaciones internacionales.
Además, denuncia supuestos pactos entre miembros del Ejército y disidencias para evitar operaciones militares, alertando sobre una “infiltración estructural y peligrosa” dentro del Estado colombiano.
Cabal pide cooperación diplomática, judicial y de inteligencia
En su carta, la congresista solicita al Departamento de Estado apoyar las investigaciones desde los “canales diplomáticos, judiciales y de inteligencia disponibles”. Asegura que su objetivo es “proteger la institucionalidad colombiana” y evitar que acuerdos clandestinos entre grupos ilegales y actores políticos pongan en riesgo la seguridad regional.
