Se conocieron detalles que rodena el principio de oportunidad que la Fiscalía General de la Nación firmó con María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda implicada en el entramado de la Unidad de Gestión del Riesgo -UNGRD-, el caso de corrupción más grande descubierto en el Gobierno de Gustavo Petro.
Hay que recordar que, Benavides está involucrada en un capítulo del entramado que también relaciona a Bonilla: el direccionamiento irregular de tres contratos por $92.000 millones en los municipios de Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca, y en Carmen de Bolívar, recurso con los que se habría ordenado “comprar” a varios congresistas de la comisión de crédito público, con el objetivo de que votaran a favor de la aprobación de unos créditos que necesitaba el Gobierno Nacional.
Con la negociación judicial Benavides, obtendría “inmunidad” penal frente al delito de interés indebido en la celebración de contratos, a cambio de convertirse en testigo contra el exministro Ricardo Bonilla -en el capitulo del presunto direccionamiento de contratos de la UNGRD por 92.000 millones- y varios congresistas que habrían participado en otro escándalo de corrupción del Instituto Nacional de Vías -INVIAS-.
El ente acusador notificó al magistrado de la Corte Suprema, Marco Antonio Rueda, sobre “el compromiso” para que la exfuncionaria sirva “como testigo de cargo contra otros involucrados en el entramado de corrupción objeto de esta investigación (Invías)”.
La audiencia para legalizar el principio se realizará el próximo 22 de julio ante un juez de control de garantías.
